UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ. DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE DERECHO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
EL ESTADO NEOLIBERAL EN EL PERÚ
MATERIALES DE LECTURA N° 2
CURSO: REALIDAD NACIONAL
LIC. AUGUSTO MARTÍN LOSTAUNAU MOSCOL
LIMA-PERÚ
2014
CONTENIDO
Presentación.
El Estado Neoliberal.
David HARVEY.
Mercado y Neoliberalismo.
Pablo DAVALOS.
Las Relaciones Estado-Sociedad en el Perú: Un Examen Bibliografico.
Gonzalo PORTOCARRERO.
Reestructuración Neoliberal del Estado Peruano, Industrias Extractivas y Derechos sobre el Territorio.
Vladimir PINTO.
PRESENTACIÓN
El siguiente documento que lleva como título EL ESTADO NEOLIBERAL EN EL PERÚ (Materiales de Lectura N° 2), ha sido elaborado como un texto de lectura obligatoria para los alumnos del curso REALIDAD NACIONAL del primer año de la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA de la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, siendo su principal objetivo: Analizar, sistematizar e interpretar la presencia y el desarrollo del Estado Neoliberal en el Perú, comprendiendo sus relaciones con la Sociedad.

Es por ello que, para mejorar nuestra comprensión sobre este aspecto, reproducimos el artículo EL ESTADO NEOLIBERAL de David Harvey, donde sostiene que “De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comercio”, es por ello que “Los defensores de la teoríaneoliberal son particularmente constantes en la búsqueda de la privatización de activos. La ausencia de claros derechos de propiedad privada –como ocurre en muchos países en vías de desarrollo- es considerada una de las mayores barreras institucionales al desarrollo económico y a la mejora del bienestar humano”. Para el Estado Neoliberal lo mas importante es la defensa de la propiedad privada, por ello, en el Perú, a partir de la década de 1990, se legisló para lograr la consolidación de este dogma neoliberal.
En MERCADO Y NEOLIBERALISMO, Pablo Davalos sostiene que “El mercado como construcción teórica que justifica un determinado tipo de racionalidad y una determinada practica histórica, es mas bien un proceso reciente, e íntimamente vinculado a la corriente teórica del neoliberalismo. Las reflexiones de Rorty, Nozick, Bell, entre otros, apuntan a legitimar el mercado a partir de la deslegitimación del Estado. Un proceso que en realidad no tiene sustento teórico. La oposición entre el mercado y el Estado es una transliteración de la oposición entre Estado y sociedad civil que caracterizó al derecho positivo a inicios de la modernidad, y que tiene como base la constitución del principio de soberanía y la formación del poder político del Estado moderno”. Esto, en la practica, se presentó en el Perú desde los inicios de la década de 1980 cuando el economista Hernando de Soto sostenía la incapacidad del Estado para solucionar los problemas del país, presentando como única alternativa la participación de la empresa privada.
LAS RELACIONES ESTADO-SOCIEDAD EN EL PERÚ: UN EXAMENBIBLIOGRAFICO del sociólogo Gonzalo Portocarrero, es el tercer texto. En él, el autor sostiene que es necesario tener tres lecturas de esta complicada relación, las cuales serían “En la primera se discuten los textos que tratan sobre la “larga duración”, que se concentran en los aspectos de fondo de la relación Estado-sociedad. En la segunda se hace lo propio con los textos que discuten la política y el sistema político y aportan al tema desde una perspectiva mas situada y puntual, como es el analisis del régimen Fujimori-Montesinos. Finalmente, en la última sección, se dialoga con los textos que examinan situaciones microsociales que, sospechamos, (re)producen lo macrosocial”. Es decir, pasar de las estructuras a las coyunturas; d la larga duración a la corta duración.
El último texto es de Vladimir Pinto que lleva como título REESTRUCTURACIÓN NEOLIBERAL DEL ESTADO PERUANO, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DERECHOS SOBRE EL TERRITORIO, donde sostiene que “Desde su fundación como república, nuestro país ha privilegiado su articulación al mercado mundial como proveedor de materias primas; esto ha determinado un patrón de desarrollo primario-exportador que se ha reforzado a lo largo del tiempo con elementos simbólicos y retóricos y por supuesto, con un correlato institucional y jurídico que es plenamente funcional a los intereses de estos sectores económicos”. En nuestra historia hemos pasado del guano al salitre, del caucho al petróleo, de la azúcar a la harina de pescado, siendo una constante los minerales. Hemos extraído y exportado, dependiendo siempre de los mercados internacionales. Son la“prosperidad falaz” que Basadre interpretó en nuestra historia.
Para la elaboración del siguiente texto hemos contado con el apoyo crítico y desinteresado de Sylvie Cortijo Pizango, Fiorella Murillo Ataucuri, Walter Vargas, Erich Vílchez, Frank Reynaga, Víctor Aguirre y Cynthia Valle, quienes siempre me ayudan a superar los problemas del trabajo intelectual. Les debo un eterno y sincero agradecimiento aunque, cualquier error siempre sera mío. Y a todos mis alumnos, quienes con sus constantes interrogantes y participaciones en clase, ayudan a mejorar las ideas y mantener el compromiso con las grandes mayorías de este país, buscando siempre un Perú verdaderamente justo.
Lic. Augusto Martín Lostaunau Moscol.
Lima, Ciudad Universitaria Abril de 2014.
EL ESTADO NEOLIBERAL*
David Harvey
El papel del Estado en la teoría neoliberal es bastante facil de definir. Sin embargo, la practica de la neoliberalización ha evolucionado de tal modo que se ha alejado de manera significativa de la plantilla prescrita por esta teoría. Por otro lado, la evolución hasta cierto punto caótica y el desarrollo geografico desigual de las instituciones, los poderes y las funciones estatales experimentado durante los últimos treinta años sugiere que el Estado neoliberal pueda ser una forma política inestable y contradictoria.
EL ESTADO NEOLIBERAL EN TEORÍA
De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comercio (1). Estos son los puntos de acuerdo consideradosesenciales para garantizar las libertades individuales. El marco legal viene definido por obligaciones contractuales libremente negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el derecho individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben ser protegidos. El Estado, pues, utiliza su monopolio de los medios de ejercicio de la violencia, para preservar estas libertades por encima de todo. Por ende, la libertad de los empresarios y de las corporaciones (contempladas por el sistema jurídico como personas) para operar dentro de este marco institucional de mercados libres y de libre comercio, es considerada un bien fundamental. La empresa privada y la iniciativa empresarial son tratadas como las llaves de la innovación y de la creación de riqueza. Los derechos de propiedad intelectual son protegidos (por ejemplo, a través de las patentes) de tal modo que sirvan para estimular cambios tecnológicos. Los incrementos incesantes de la productividad deberían, pues, conferir niveles de vida mas elevados para todo el mundo. Bajo la premisa de que «una ola fuerte eleva a todos los barcos», o la del «goteo o chorreo››, la teoría neoliberal sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza (tanto a escala doméstica como mundial) es a través de los mercados libres y del libre comercio.
Los defensores de la teoría neoliberal son particularmente constantes en la búsqueda de la privatización de activos. La ausencia de claros derechos de propiedad privada –como ocurre en muchos países en vías de desarrollo- es considerada unade las mayores barreras institucionales al desarrollo económico y a la mejora del bienestar humano. La delimitación y la asignación de derechos de propiedad privada son, a su modo de ver, el mejor modo de protegerse contra la denominada «tragedia de los bienes comunes» (la tendencia de los individuos a súper explotar de manera irresponsable los recursos de propiedad común, como la tierra y el agua). Los sectores económicos anteriormente dirigidos o regulados por el Estado deben ser traspasados a la esfera privada y desregulados (liberados de toda forma de interferencia estatal). La competencia –entre los individuos, las empresas, y entre entidades territoriales (ciudades, regiones, naciones y agrupamientos regionales)- es considerada una virtud esencial. Por supuesto, las directrices de la competencia en el mercado deben ser correctamente observadas. En aquellas situaciones en que estas directrices no se hallen establecidas claramente o en que los derechos de propiedad privada sean difíciles de definir, el Estado debe utilizar su poder para imponer o inventar sistemas de mercado (tales como comerciar con los derechos de contaminación). Los defensores del neoliberalismo afirman que la privatización y la desregulación, junto a la competencia, eliminan los tramites burocraticos, incrementan la eficiencia y la productividad, mejoran la calidad de las mercancías y reducen los costes, tanto de manera directa para el consumidor a través de la oferta de bienes y servicios mas baratos, como indirectamente mediante la reducción de las cargas fiscales. El Estado neoliberal debería buscar demanera persistente reorganizaciones internas y nuevos pactos institucionales que mejoren su posición competitiva como entidad en relación con otros Estados en el mercado global.
Mientras la libertad personal e individual en el mercado se encuentra garantizada, cada individuo es responsable y debe responder por sus acciones y de su bienestar. Este principio se extiende a la esfera del sistema de protección social, del sistema educativo, de la atención sanitaria e incluso de las pensiones (la seguridad social ha sido privatizada en Chile y en Eslovaquia, y existen propuestas para proceder del mismo modo en Estados Unidos). El éxito o el fracaso personal son interpretados en términos de virtudes empresariales o de fallos personales (como puede ser no invertir de manera suficiente en el propio capital humano a través de la educación) en lugar de ser atribuidos a ningún tipo de cualidad sistémica (como las exclusiones de clase normalmente atribuidas al capitalismo).
La libre movilidad del capital entre sectores, regiones y países se considera un factor crucial. Todas las barreras a esta libertad de movimiento (como aranceles, ajustes fiscales punitivos, la planificación y los controles medioambientales, así como otros impedimentos localizados) han de ser eliminadas, salvo en aquellas areas que son cruciales para los «intereses nacionales», con independencia de cómo se definan éstos. La soberanía estatal sobre la circulación de mercancías y de capitales es entregada en una actitud servicial al mercado global. La competencia internacional se percibe como algo positivo en tanto quemejora la eficiencia y la productividad, reduce los precios y, por consiguiente, controla las tendencias inflacionarias. Por lo tanto, los Estados deberían buscar de manera colectiva, y negociar entre ellos, la reducción de las barreras a la circulación del capital entre las fronteras y la apertura de los mercados (tanto para las mercancías como para capital) al intercambio global. No obstante, la cuestión de si esto también se aplica a la fuerza de trabajo, en tanto que mercancía, resulta polémica. En tanto que todos los Estados deben colaborar para reducir las barreras al intercambio, deben surgir estructuras de coordinación como el grupo de los países del capitalismo avanzado (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canada Japón) conocido como el G7 (y, actualmente, como el G8 tras la adhesión de Rusia). Los acuerdos internacionales entre los Estados que garantizan el imperio de la ley y la libertad de comercio, como los que acaban de incorporarse a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, son cruciales para el avance del proyecto neoliberal a escala global.
Los teóricos del neoliberalismo albergan, sin embargo, profundas sospechas hacia la democracia. El gobierno de la mayoría se ve como una amenaza potencial a los derechos individuales y a las libertades constitucionales. La democracia se considera un lujo, que únicamente es posible bajo condiciones de relativa prosperidad en las que también concurre una fuerte presencia de la clase media para garantizar la estabilidad política. Los neoliberales tienden, por lo tanto, a favorecer formas degobierno dirigidas por elites y por expertos. Existe una fuerte preferencia por el ejercicio del gobierno mediante decretos dictados por el poder ejecutivo y mediante decisiones judiciales en lugar de mediante la toma de decisiones de manera democratica y en sede parlamentaria. Los neoliberales prefieren aislar determinadas instituciones clave, como el banco central, de las presiones de la democracia. Dado que la teoría neoliberal se concentra en el imperio de la ley y en la interpretación estricta de la constitucionalidad, se infiere que el conflicto y la oposición deben ser dirimidos a través de la mediación de los tribunales. Los individuos deben buscar las soluciones y los remedios de todos los problemas a través del sistema legal.
TENSIONES Y CONTRADICCIONES
Existen algunas areas oscuras así como también puntos de conflicto en el seno de la teoría general del Estado neoliberal. En primer lugar, esta el problema de cómo interpretar el poder monopolista. La competencia a menudo acaba convertida en monopolio o en oligopolio, ya que las empresas mas fuertes expulsan a las mas débiles. La mayoría de los teóricos del neoliberalismo no consideran problematico este aspecto (en su opinión, debería maximizar la eficiencia) con tal de que no haya barreras sustanciales a la entrada de competidores (una condición a menudo difícil de llevar a la practica y que el Estado debe, por lo tanto, salvaguardar). El caso de los denominados «monopolios naturales» resulta mas espinoso. No tiene sentido la competencia entre múltiples redes de energía eléctrica, de sistemas de tuberías para laconducción del gas, de sistemas de suministro de agua y de tratamiento de las aguas residuales, o de líneas férreas entre Washington y Boston. En estas areas, la regulación estatal del suministro, el acceso y la fijación de precios parece ineludible. Aunque la desregulación parcial puede ser posible (permitiendo a los productores en competencia proporcionar electricidad utilizando la misma red o conducir trenes en las mismas vías, por ejemplo) las posibilidades de que aparezcan practicas especulativas y abusivas, como demostró sobradamente la crisis de energía de California en 2002, o de irregularidades y de confusión extremas, como ha demostrado la situación de los ferrocarriles britanicos, son muy reales.
El segundo gran ambito de controversia es el relativo a los fallos del mercado. Éstos se producen cuando los individuos y las compañías eluden asumir la totalidad de los costes imputables a su actividad, eludiendo sus responsabilidades al no permitir que el mercado valore su incidencia mediante el sistema de precios resultante (estas responsabilidades son, en lenguaje técnico, “externalizadas”). El tema clasico para abordar este problema es la contaminación, puesto que los individuos y las compañías eluden los costes vertiendo gratis sus residuos tóxicos en el medio ambiente. Como resultado de su actuación, puede producirse la destrucción o degradación de ecosistemas productivos. La exposición a sustancias peligrosas o a peligros físicos en los centros de trabajo puede afectar a la salud de los seres humanos e incluso reducir la reserva de trabajadores sanos que constituyen la fuerzade trabajo. Aunque los defensores del neoliberalismo admiten la existencia del problema y algunos aceptan la necesidad de una limitada intervención estatal, otros defienden la inacción porque el remedio sera casi con toda seguridad peor que la enfermedad. Sin embargo, la mayoría estaría de acuerdo en que, de haber intervenciones, éstas deben operar a través de los mecanismos del mercado (mediante cargas o incentivos fiscales, la comercialización de los derechos de contaminación, y otras medidas similares). Los fallos de la competencia son tratados de una forma similar. A medida que proliferan las relaciones contractuales y la subcontratación puede incurrirse en un incremento de los costes de transacción. El gran aparato de la especulación de divisas, por tomar sólo un ejemplo, se presenta como algo cada vez mas costoso a la vez que se vuelve progresivamente mas fundamental para capturar beneficios especulativos. Igualmente, emergen otros problemas si, por ejemplo, todos los hospitales en mutua competencia de una misma región compran el mismo sofisticado equipo que permanece infrautilizado provocando, de este modo, un aumento de los costes agregados. En este sentido, la defensa de la contención del gasto mediante la planificación, la regulación y la coordinación vinculante por parte del Estado es contundente, pero de nuevo los neoliberales se muestran profundamente desconfiados hacia este tipo de intervenciones.
Se presume que todos los agentes que actúan en el mercado tienen acceso a la misma información. Igualmente, se presume que no existen asimetrías de poder o deinformación que interfieran en la capacidad de los individuos para tomar decisiones económicas racionales en su propio interés. En la practica, raramente, si es que alguna vez, se producen situaciones que se aproximen a esta situación, y esto tiene notables consecuencias (2). Los jugadores mejor informados y mas poderosos poseen una ventaja que pueden facilmente explotar para conseguir todavía mas información y un mayor poder relativo. Por otro lado, el establecimiento de derechos de propiedad intelectual (las patentes) estimula el «predominio de la búsqueda de rentas». Los actores que poseen derechos sobre patentes utilizan su poder monopolista para fijar precios monopolistas y evitar la transferencia de tecnología, excepto a un coste muy elevado. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo, las relaciones de poder asimétricas tienden a incrementarse y no a reducirse, a menos que el Estado intervenga para contrarrestarlas. La idea neoliberal de un sistema de información perfecto y de un campo de juego equilibrado para la competencia, parece o bien una utopía inocente, o bien una forma deliberada de enmarañar los procesos que conduciran a la concentración de la riqueza y, por lo tanto, a la restauración del poder de clase.
La teoría neoliberal del cambio tecnológico descansa en la fuerza coercitiva de la competencia para impulsar la búsqueda de nuevos productos, de nuevos métodos de producción y de nuevas formas organizativas. Sin embargo, este impulso pasa a integrarse de manera tan profunda en el sentido común empresarial, que se convierte en la creencia obsesiva de que existe unacomponenda tecnológica para todos y cada uno de los problemas que puedan plantearse. Hasta el punto de que es una idea incuestionable no sólo en el seno de las compañías sino también dentro del aparato estatal (en particular, en el ambito militar), generando fuertes tendencias de cambio tecnológico independientes que pueden llegar a ser desestabilizadoras, cuando no contraproducentes. El desarrollo tecnológico puede descontrolarse debido a que los sectores dedicados únicamente a la innovación tecnológica crean nuevos productos y nuevas formas de hacer las cosas cuando todavía no existe mercado para ello (es decir, se producen nuevos productos farmacéuticos, para los que se inventan nuevas enfermedades). Ademas, empresas sagaces operando en el límite de la legalidad o directamente en la ilegalidad pueden movilizar las innovaciones tecnológicas descubiertas para socavar las relaciones y las instituciones sociales reinantes; y a través de sus actividades pueden remodelar el sentido común para obtener ventajas pecuniarias. Así pues, existe una conexión interna entre el dinamismo tecnológico, la inestabilidad, la disolución de los vínculos sociales de solidaridad, la degradación medioambiental, la desindustrialización, los cambios acelerados en las relaciones espacio-temporales, las burbujas especulativas y la tendencia general hacia la creación de crisis en el seno del capitalismo (3).
Finalmente, hay algunos problemas políticos fundamentales dentro del neoliberalismo que necesitan ser abordados. Una contradicción es la que emerge entre un atractivo individualismo posesivo peroalienador, por un lado, y el deseo de una vida colectiva significativa, por otro. Si bien se supone que los individuos son libres para elegir, se da por sentado que no van a optar porque se desarrollen fuertes instituciones colectivas (como los sindicatos) aunque sí débiles asociaciones voluntarias (como las organizaciones benéficas). Por supuesto, no deberían escoger asociarse para crear partidos políticos con el objetivo de obligar al Estado a intervenir en el mercado, o eliminarlo. Para protegerse frente a sus grandes miedos -el fascismo, el comunismo, el socialismo, el populismo autoritario e incluso el gobierno de la mayoría-, los neoliberales tienen que poner fuertes límites al gobierno democratico y apoyarse, en cambio, en instituciones no democraticas ni políticamente responsables (como la Reserva Federal o el FMI) para tomar decisiones determinantes. Esto crea la paradoja de una intensa intervención y gobierno por parte de elites y de “expertos” en un mundo en el que se supone que el Estado no es intervencionista. Esto recuerda el cuento utópico de Francis Bacon titulado New Atlantis (publicado por primera vez en 1626), en el que todas las decisiones cruciales son tomadas por un consejo de sabios ancianos. Así pues, frente a los movimientos sociales que buscan intervenciones colectivas, el Estado neoliberal se ve obligado a intervenir, en ocasiones de manera represiva, negando, por lo tanto, las mismas libertades que supuestamente defiende. Sin embargo, en esta situación puede desenfundarse un arma secreta, ya que la competencia internacional y la globalización pueden serutilizadas para disciplinar a los movimientos de oposición a la agenda neoliberal dentro de Estados concretos. Si esto fallara, el Estado debe entonces recurrir a la persuasión, a la propaganda o, en caso necesario, a la fuerza bruta y al poder policial para suprimir la oposición al neoliberalismo. Éste era precisamente el miedo de Polanyi: que el proyecto utópico liberal (y por ende neoliberal) en última instancia sólo podía sostenerse recurriendo al autoritarismo. La libertad de las masas se restringiría para favorecer la libertad de unos pocos.
EL ESTADO NEOLIBERAL EN LA PRACTICA
La naturaleza general del Estado en la era de la neoliberalización es difícil de describir por dos razones concretas. En primer lugar, las divergencias sistematicas con el modelo que describe la teoría neoliberal se tornan rapidamente evidentes, y no todas pueden atribuirse a las contradicciones internas ya esbozadas. En segundo lugar, la dinamica evolutiva de la neoliberalización ha sido de tal envergadura que ha llegado a forzar adaptaciones que han variado enormemente de un lugar a otro, así como también a lo largo del tiempo. Todo intento de extraer una imagen integrada de un típico Estado neoliberal a partir de esta inestable y voluble geografía histórica, podría parecer cosa de locos. No obstante, en mi opinión, resulta útil perfilar algunas líneas de argumentación generales que mantienen la vigencia del concepto de un Estado propiamente neoliberal.
Hay dos ambitos en particular en los que el impulso para restaurar el poder de clase, tensa y en algunos aspectos llega incluso a voltear la teoríaneoliberal cuando es llevada a la practica. La primera emerge de la necesidad de crear un «clima óptimo de negocios o de inversión» para las pujas capitalistas. Aunque hay algunas condiciones, como la estabilidad política o el respeto pleno de la ley y la imparcialidad en su aplicación, que plausiblemente podrían ser consideradas «neutrales respecto a la clase», hay otras manifiestamente parciales. Esta parcialidad emerge, en particular, del tratamiento de la fuerza de trabajo y del medioambiente como meras mercancías. En caso de conflicto, el Estado neoliberal típico tendera a privilegiar un clima óptimo para las empresas frente a los derechos colectivos (y la calidad de vida) de la fuerza de trabajo o frente a la capacidad del medio ambiente para regenerarse. El segundo aspecto en el que se manifiesta la parcialidad emerge porque en caso de conflicto el Estado neoliberal favorece de manera invariable la integridad del sistema financiero y la solvencia de las instituciones financieras sobre el bienestar de la población o la calidad medioambiental.
Estos sesgos sistematicos no siempre resultan faciles de distinguir dentro del revoltijo de practicas estatales divergentes y a menudo sumamente dispares. Las consideraciones pragmaticas y oportunistas juegan un importante papel. El presidente Bush defiende los mercados libres y el libre comercio, pero impuso aranceles al acero para alentar sus oportunidades electorales (de manera satisfactoria, tal y como se demostró) en Ohio. Las importaciones extranjeras se ven arbitrariamente limitadas mediante cuotas establecidas con la finalidadde aplacar el descontento doméstico. Los europeos protegen la agricultura por razones sociales, políticas e incluso estéticas, aunque insisten en el libre mercado en todos los demas sectores. Se producen intervenciones estatales especiales que favorecen intereses comerciales particulares (por ejemplo, la firma de acuerdos sobre armamento) y los Estados extienden créditos de manera arbitraria a otros Estados en aras a obtener acceso e influencia política en regiones sensibles desde el punto de vista geopolítico (como en Oriente Próximo). Por todo este tipo de razones, sería en efecto sorprendente constatar que incluso el mas fundamentalista de los Estados neoliberales, no se separa nunca de la ortodoxia neoliberal.
En otros casos, estas divergencias entre la teoría y la practica pueden ser razonablemente atribuidas a problemas friccionales de transición, que son reflejo de las diferentes formas estatales existentes con anterioridad al giro neoliberal. Las condiciones que prevalecieron en Europa central y del Este tras la caída del comunismo fueron muy especiales, por ejemplo. La velocidad con la que se produjo la privatización bajo la «terapia de choque» (4), infligida sobre estos países en la década de 1990, creó enormes tensiones que reverberan hasta el día de hoy. Los Estados socialdemócratas (como los de Escandinavia y Gran Bretaña en el periodo inmediatamente posterior a la guerra) han mantenido durante largo tiempo sectores clave de la economía como la atención sanitaria, la educación e incluso la vivienda, fuera del mercado aduciendo que la cobertura de las necesidadeshumanas basicas no debía mediarse a través de las fuerzas del mercado y de un acceso limitado a las mismas en función de la capacidad de pago. Aunque Margaret Thatcher se las arregló para transformar todo este sistema, los suecos resistieron durante mucho tiempo, incluso ante enérgicas tentativas por parte de los intereses de la clase capitalista para tomar el camino neoliberal. Por razones muy diferentes, los Estados de los países en vías de desarrollo (tales como Singapur y otros países asiaticos) se apoyan en el sector público y en la planificación estatal en estrecha colaboración con el capital doméstico y corporativo (a menudo extranjero y multinacional) para impulsar la acumulación de capital y el crecimiento económico (5). Los Estados de estos países suelen prestar una considerable atención a las infraestructuras sociales así como también a las físicas. Esto implica políticas mucho mas igualitarias, por ejemplo, respecto al acceso a la educación y a la atención sanitaria. La inversión estatal en educación se considera, por ejemplo, como un prerrequisito crucial para ganar ventajas competitivas en el comercio mundial. Los Estados de los países en vías de desarrollo se han tornado consecuentes con la neoliberalización hasta el punto de que facilitan la competencia entre diversas compañías, corporaciones y entidades territoriales, aceptan las reglas del libre comercio y se basan en mercados de exportación abiertos. Sin embargo, practican un intervencionismo activo creando infraestructuras que generan un clima óptimo para los negocios. Por lo tanto, la neoliberalización abreposibilidades para que los Estados de los países en vías de desarrollo fortalezcan su posición en la competencia internacional mediante el desarrollo de nuevas estructuras de intervención estatal (tales como el apoyo a la investigación y el desarrollo). Sin embargo, por la misma razón la neoliberalización crea igualmente condiciones propicias para la formación de clase y, a medida que este poder de clase se fortalece, aflora la tendencia (como ocurre, por ejemplo, en la Corea contemporanea) a que esta clase pretenda liberarse de su dependencia del poder estatal y busque reorientar este mismo poder en la dirección de las líneas marcadas por el neoliberalismo.
A medida que nuevos acuerdos institucionales vienen a definir las reglas del comercio mundial -por ejemplo, la apertura de los mercados de capital es actualmente una condición para la pertenencia al FMI o a la OMC-, los Estados de los países en vías desarrollo se ven mas arrastrados al redil neoliberal. Por ejemplo, uno de los efectos principales de la crisis asiatica de 1997-1998, fue llevar a los países en vías desarrollo a acatar pautas mas acordes al modelo de practicas neoliberales. Y, tal y como hemos visto en el caso britanico, es difícil mantener una postura neoliberal externamente (por ejemplo, facilitar las operaciones del capital financiero) sin aceptar un mínimo de neoliberalización interna (Corea del Sur ha luchado exactamente contra este tipo de presión en tiempos recientes). Pero los Estados de los países en vías de desarrollo no estan en absoluto convencidos de que la senda neoliberal sea la correcta, enparticular, a raíz de que aquellos (como Taiwan y China) que no habían liberado sus mercados de capital padecieron en mucha menor intensidad el azote de la crisis de 1997-1998 que aquellos que lo habían hecho (6).
Las practicas contemporaneas relativas al capital financiero y a las instituciones financieras constituyen, tal vez, el aspecto mas difícil de conciliar con la ortodoxia neoliberal. Los Estados neoliberales acostumbran a facilitar la propagación de la influencia de las instituciones financieras a través de la desregulación pero, asimismo, con demasiada frecuencia también garantizan la integridad y la solvencia de las instituciones financieras sin importar en absoluto las consecuencias. Este compromiso se deriva, en parte, (y de manera legítima en algunas versiones de la teoría neoliberal) de la dependencia del monetarismo como base de la política estatal, ya que la integridad y la solidez de la moneda es un piñón central de esta política. Pero, de manera paradójica, esto significa que el Estado neoliberal no puede tolerar que se produzcan errores financieros masivos aunque hayan sido las instituciones financieras las que hayan tomando una decisión equivocada. El Estado tiene que intervenir y sustituir el dinero “malo” por su propio dinero supuestamente “bueno”; lo que explica la presión sobre los bancos centrales para mantener la confianza en la solidez de la moneda. A menudo, el poder estatal ha sido utilizado para rescatar a compañías o para prevenir quiebras financieras, como ocurrió en la crisis de las cajas de ahorro estadounidenses de 1987-1988, que tuvo un costeaproximado para los contribuyentes de 150.000 millones de dólares, o la caída del hedge fund [fondo de inversión de alto riesgo] Long Term Capital Management en 1997-1998, que costó 3.500 millones de dólares.
En el plano internacional, el núcleo de los Estados neoliberales dio al FMI y al Banco Mundial, plena autoridad en 1982 para renegociar la deuda de los países en vías de desarrollo, lo que de hecho suponía proteger a las principales instituciones financieras del mundo de la amenaza de quiebra. En efecto, el FMI cubre, lo mejor que puede, la exposición al riesgo y la incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Esta practica es difícil de justificar a tenor de las premisas de la teoría neoliberal, ya que los inversores deberían, en principio, asumir la responsabilidad de sus propios errores. Por lo tanto, los defensores mas fundamentalistas del neoliberalismo creen que el FMI debería ser abolido. Esta opción fue seriamente considerada durante los primeros años de la Administración de Reagan, y los congresistas republicanos la plantearon de nuevo en 1998. James Baker, secretario del Departamento del Tesoro durante el mandato de Reagan, infundió nueva vida a la institución cuando en 1982 tuvo que enfrentarse a la potencial quiebra de México y a las graves pérdidas que sufrirían entonces los principales bancos de inversión de la ciudad de Nueva York que sostenían la deuda de aquél país. Baker utilizó el FMI para imponer un ajuste estructural en México y proteger a los banqueros de Nueva York del impago. Esta practica consistente en priorizar las necesidades de losbancos y de las instituciones financieras mientras se cercena el nivel de vida del país acreedor ya había sido ensayada durante la crisis de endeudamiento de la ciudad de Nueva York. En el contexto internacional, esto suponía extraer excedentes de las empobrecidas poblaciones del Tercer Mundo, con el fin de saldar las deudas con la banca internacional. «Qué mundo tan peculiar», observó burlonamente Stiglitz, «en el que los países pobres se encuentran, de hecho, subvencionando a los mas ricos». Hasta Chile -el ejemplo de las practicas neoliberales «puras» desde 1975- se vio arrollado por esta corriente en 1982-1983, con el resultado de que su PIB cayó casi en un 14 % y la tasa del desempleo se disparó hasta alcanzar el 20 % en un solo año. La conclusión de que la neoliberalización «pura» no funciona, no ha sido documentada en el plano teórico, aunque la posterior adaptación pragmatica de Chile (así como en Gran Bretaña después de 1983) abrió un terreno de concesiones que amplió todavía mas la laguna existente entre la teoría y la practica (7).
La extracción de tributo mediante mecanismos financieros es una vieja practica imperial. Se ha demostrado muy útil para la restauración del poder de clase, particularmente en los principales centros financieros del mundo y no siempre precisa de crisis de ajuste estructural para funcionar. Por ejemplo, cuando los empresarios de los países en vías de desarrollo solicitan préstamos en el exterior, la exigencia de que su propio Estado debe tener una reserva suficiente de divisas extranjeras para cubrir sus créditos se traduce en que el Estadotenga que invertir, pongamos por caso, en bonos del Tesoro estadounidense. La diferencia entre el tipo de interés que se aplica al dinero prestado (por ejemplo, el 12 %) y al dinero depositado como fianza en las arcas estadounidenses en Washington (por ejemplo, el 4 %) genera un importante flujo financiero neto al centro imperial a expensas del país en vías de desarrollo.
Esta tendencia demostrada por algunos de los Estados situados en el centro de la economía-mundo capitalista (como Estados Unidos) a proteger los intereses financieros y a cruzarse de brazos mientras se succionan los excedentes de otros lugares, promueve y refleja, simultaneamente, la consolidación del poder de la clase alta en el seno de esos Estados en torno a los procesos de financiarización. Pero el habito de intervenir en el mercado y de rescatar a las instituciones financieras cuando les acucian los problemas no puede conciliarse con la teoría neoliberal. La inversión imprudente debería castigarse con la pérdida de dinero por parte de los prestamistas, pero el Estado hace a éstos en gran medida inmunes frente a las pérdidas. La teoría neoliberal debería advertir «prestamista, ten cuidado», pero la practica dicta «prestatario, ten cuidado».
Existen límites a la capacidad de succionar excedentes de las economías de los países en vías de desarrollo. Encorsetadas por las medidas de austeridad que las atan a un estancamiento económico crónico, la perspectiva de saldar sus deudas con frecuencia se ha disipado en un incierto futuro lejano. Ante estas condiciones, algunas pérdidas dosificadas pueden parecer unaopción atractiva. Así ocurrió con el Plan Brady de 1989 (8). Las instituciones financieras estuvieron de acuerdo en anotar el 35 % de su deuda pendiente en la columna de las pérdidas, a cambio de la obtención de bonos por debajo de su precio ordinario (respaldadas por el FMI y por el Departamento del Tesoro estadounidense) que garantizaban la devolución del resto de la deuda (en otras palabras, se garantizaba a los acreedores el pago de la deuda a una tasa de 65 céntimos por dólar). En 1994, cerca de 18 países (incluidos México, Brasil, Argentina, Venezuela, y Uruguay) habían aceptado acuerdos en virtud de los cuales les eran condonados 60.000 millones de dólares de deuda. Por supuesto, la esperanza era que esta condonación de la deuda desencadenara una recuperación económica que permitiera que el resto de la deuda se saldara de la forma debida. El problema estribaba en que el FMI también se aseguró de que todos los países que se aprovecharon de esta módica condonación de su deuda (que muchos analistas consideraron mínima en relación a la que los bancos podían permitirse) también asumían la obligación de tragarse la píldora envenenada de las reformas institucionales neoliberales. La crisis del peso en México en 1995, la de Brasil en 1998, y el absoluto desplome de la economía argentina en 2001 eran resultados previsibles.
Finalmente, esto nos lleva a la problematica cuestión del modo en que el Estado neoliberal enfoca los mercados laborales. En el plano interno, el Estado neoliberal es necesariamente hostil a toda forma de solidaridad social que entorpezca la acumulación decapital. Por lo tanto, los sindicatos independientes u otros movimientos sociales (como el socialismo municipal del tipo experimentado en el Consejo del Gran Londres), que adquirieron un considerable poder bajo el liberalismo embridado, tienen que ser disciplinados, cuando no destruidos, en nombre de la supuestamente sacrosanta libertad individual del trabajador aislado. La «flexibilidad» se ha convertido en una consigna en lo que se refiere a los mercados laborales. Es difícil sostener que el aumento de la flexibilidad es algo negativo en términos absolutos, en particular ante practicas sindicales esclerotizadas y sumamente restrictivas. Así pues, hay reformistas con convicciones de izquierdas que afirman de manera contundente que la «especialización flexible» es un avance (9). Aunque algunos trabajadores individuales puedan, sin duda, beneficiarse de esto, las asimetrías de poder y de información que emergen, unidas a la falta de una movilidad libre y factible de la fuerza de trabajo (particularmente a través de las fronteras estatales) colocan a los trabajadores en una situación de desventaja. La especialización flexible puede ser aprovechada por el capital como un sencillo método de obtener medios de acumulación mas flexibles. Ambos términos –especialización flexible y acumulación flexible- tienen connotaciones bastante diferentes (10). El resultado general se traduce en la disminución de los salarios, el aumento de la inseguridad laboral y, en muchas instancias, la pérdida de los beneficios y de las formas de protección laboral previamente existentes. Estas tendencias sonfacilmente discernibles en todos los Estados que han emprendido la senda neoliberal. Dado el violento ataque ejercido contra todas las formas de organización obrera y contra los derechos laborales, y la gran dependencia de las masivas pero sumamente desorganizadas reservas de trabajadores que podemos encontrar en países como China, Indonesia, India, México y Bangladesh, se podría decir que el control de la fuerza de trabajo así como el mantenimiento de una elevada tasa de explotación laboral, han sido un elemento central y una constante, de la neoliberalización. La restauración o la formación del poder de clase se producen, como siempre, a expensas de la fuerza de trabajo.
Es precisamente en este contexto, caracterizado por la disminución de los recursos personales derivados del mercado de trabajo, en el que la determinación neoliberal de transferir nuevamente al individuo toda la responsabilidad por su bienestar adquiere un caracter doblemente perjudicial. El Estado, a la vez que abandona el sistema de provisión social y reduce su papel en ambitos como la asistencia sanitaria, la educación pública y los servicios sociales, que antes fueron tan esenciales para el liberalismo embridado, también deja segmentos cada vez mayores de población expuestos al empobrecimiento (11). El sistema de la seguridad social se ve reducido a su mínima expresión para ceder el paso a un sistema que hace hincapié en la responsabilidad personal. La incapacidad personal se atribuye por regla general a fracasos personales y, en la mayoría de los casos, se culpabiliza a las víctimas de su situación.
Detrasde estos importantes cambios en la política social, descansan relevantes transformaciones estructurales en la naturaleza del gobierno. Al tenor de la desconfianza neoliberal hacia la democracia, se hace necesario encontrar una forma de integrar el proceso estatal de toma de decisiones en la dinamica de acumulación de capital y en las redes de poder de clase que se hallan en proceso de restauración o, como en China y Rusia, en proceso de formación. La neoliberalización ha implicado, por ejemplo, una creciente dependencia de consorcios público-privados (ésta fue una de las ideas fuertes impulsadas por Margaret Thatcher cuando estableció «instituciones cuasi gubernamentales» como las corporaciones de desarrollo urbano para favorecer el desarrollo económico). Los empresarios y las corporaciones no sólo colaboran estrechamente con actores estatales, sino que incluso adquieren un importante papel a la hora de redactar legislaciones, determinar políticas públicas, y establecer marcos normativos (que son ventajosos principalmente para ellos mismos). Emergen, de este modo, patrones de negociación que introducen intereses empresariales y en algunos casos profesionales en el ejercicio del gobierno a través de consultas privadas y en ocasiones secretas. El ejemplo mas flagrante de este tipo de intervenciones se hizo patente con la persistente negativa del vicepresidente Cheney a hacer públicos los nombres de las personas integrantes del equipo consultivo que formuló el documento de la política energética de la Administración de Bush de 2002. Es practicamente seguro que entre ellos seencontraba Kenneth Lay, presidente de Enron, que es la compañía acusada de especular promoviendo deliberadamente una crisis energética en California y que se hundió seguidamente en medio de un gran escandalo por alterar su contabilidad. Por lo tanto, el cambio del gobierno (el poder estatal por sí mismo) a la gobernanza (una configuración mas amplia del Estado y de elementos clave de la sociedad civil) ha venido marcado por el neoliberalismo (12). A este respecto, en líneas generales, puede decirse que las practicas del Estado neoliberal y del Estado de los países en desarrollo convergen.
El Estado produce de manera característica legislación y marcos normativos que suponen una ventaja para las corporaciones y en ciertos casos para intereses específicos como la energía, las empresas farmacéuticas, la industria agropecuaria, etc. En muchos de los casos en que existen consorcios público-privados, particularmente en el ambito municipal, el Estado asume gran parte de los riesgos mientras que el sector privado obtiene la mayor parte de los beneficios. Ademas, en caso de ser necesario, el Estado neoliberal recurrira a la imposición coercitiva de la legislación y a tacticas de control (normas que prohíben los piquetes, por ejemplo) para dispersar o para reprimir las formas colectivas de oposición al poder corporativo. Los medios de vigilancia y de control se multiplican. Por ejemplo, en Estados Unidos la encarcelación se convirtió en una estrategia crucial del Estado para abordar los problemas que surgían entre los sectores de trabajadores excluidos del mercado de trabajo así como entreotros grupos marginados de la población. El brazo coercitivo del Estado se estira para proteger los intereses corporativos y, en su caso, reprimir a los disidentes. Ninguna de estos resultados parece coherente con la teoría neoliberal. El mejor sitio para constatar la realización del miedo neoliberal a que los grupos que representan intereses especiales puedan pervertir y subvertir el Estado no es otro que Washington, donde ejércitos de empleados al servicio de los grupos de presión corporativos (muchos de los cuales se aprovechan de la puerta giratoria entre el empleo estatal y el mucho mas lucrativo empleo en las corporaciones) dictan efectivamente la legislación para que encaje con sus intereses específicos. Aunque algunos Estados continúan respetando la independencia tradicional de los funcionarios de la Administración, en todas partes esta situación se esta viendo amenazada a causa del proceso de neoliberalización que esta en marcha. La frontera entre el Estado y el poder corporativo se ha tornado cada vez mas porosa. Lo que queda de la democracia representativa se encuentra si no totalmente asfixiado, sí al menos legalmente corrompido por el poder del dinero.
Desde el momento en que el acceso al sistema judicial es nominalmente igualitario pero en la practica extremadamente caro (ya se trate de una demanda individual por practicas negligentes o de una demanda formulada por un país contra Estados Unidos por la violación de las reglas establecidas por la OMC, que es un procedimiento que puede llegar a costar miles de millones de dólares, es decir, una suma equivalente alpresupuesto anual de algunos pequeños países pobres), los resultados a menudo distan de ser imparciales y favorecen a los que ostentan el poder económico. Los privilegios de clase en la toma de decisiones dentro del poder judicial, se encuentran muy extendidos, cuando no invaden todo el proceso (13). No debería sorprender que los principales medios de acción colectiva bajo el neoliberalismo se definan y se articulen a través de grupos no electos (y en muchos casos dirigidos por la elite) de defensa de varios tipos de derechos. En algunos casos, como en el campo de la protección de los consumidores, de los derechos civiles o de los derechos de las personas discapacitadas, esos medios han permitido alcanzar objetivos sustantivos. Las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de base popular también han crecido y proliferado de manera destacada bajo el neoliberalismo, dando lugar a la creencia de que la oposición movilizada fuera del aparato estatal y dentro de cierta entidad separada denominada «sociedad civil» es la fuente de energía de la política opositora y de la transformación social (14). El periodo en el que el Estado neoliberal se ha tornado hegemónico ha sido también el período en el que el concepto de sociedad civil -a menudo calificada como una entidad opuesta al poder estatal- se ha convertido en un elemento central para la formulación de políticas opositoras. La idea gramsciana del Estado como una unidad de la sociedad política y la sociedad civil deja paso a la idea de la sociedad civil como un centro de oposición, sino como fuente de una alternativa, al Estado.La conclusión clara que podemos deducir de este analisis, es que el neoliberalismo no torna irrelevante al Estado ni a instituciones particulares del Estado (como los tribunales y las funciones policiales), tal y como algunos analistas tanto de derechas como de izquierdas han argumentado (15). Sino que mas bien, y con el objeto de hacerlo mas funcional a sus propios intereses, producen una reconfiguración radical de las instituciones y de las practicas estatales (en particular respecto al equilibrio entre la coerción y el consentimiento, entre el poder del capital y de los movimientos populares, y entre el poder ejecutivo y judicial, por un lado, y los poderes de la democracia representativa por otro).
Pero no todo marcha bien para el Estado neoliberal y por ello, en tanto que forma política, parece mostrar un caracter o bien transitorio o bien inestable. El problema radica en la creciente disparidad entre los objetivos públicos declarados del neoliberalismo -el bienestar de todos- y sus consecuencias reales: la restauración del poder de clase. Pero mas alla de este hecho, reside toda una serie de contradicciones mas específicas que necesitan ser subrayadas.
Por un lado, se espera que el Estado neoliberal ocupe el asiento trasero y simplemente disponga el escenario para que el mercado funcione, por otro, se asume que adoptara una actitud activa para crear un clima óptimo para los negocios y que actuara como una entidad competitiva en la política global. En este último papel tiene que funcionar como una entidad corporativa, y ésto plantea el problema de cómo asegurar lalealtad de los ciudadanos. Una respuesta evidente es el nacionalismo, pero éste es profundamente antagónico respecto a la agenda neoliberal. Este era el dilema de Margaret Thatcher, ya que el único modo que tenía de ganar la reelección y de promover con mayor intensidad las reformas neoliberales en el ambito doméstico, era jugando la carta del nacionalismo en la guerra de Falklands/Malvinas o, incluso de manera mas significativa, en la campaña contra la integración económica en Europa. Una y otra vez, ya sea en la Unión Europea o en MERCOSUR (donde los nacionalismos brasileños y argentinos impiden la integración), en el TLCAN (16) o en la ASEAN, el nacionalismo requerido para que el Estado funcione efectivamente como una entidad corporativa y competitiva en el mercado mundial entorpece el camino de las libertades comerciales mas generales.
El autoritarismo en la imposición del mercado a duras penas encaja con el ideario de las libertades individuales. Cuanto mas vira el neoliberalismo hacia lo primero, mas difícil se vuelve mantener su legitimidad respecto a lo segundo y mas tiene que revelar sus colores antidemocraticos. Esta contradicción es paralela a una creciente falta de simetría en las relaciones de poder entre las corporaciones y las personas de a pie. Si el «poder corporativo roba tu libertad personal», entonces la promesa del neoliberalismo se queda en nada (17). Esto afecta a los individuos tanto en su lugar de trabajo como en su espacio vital. Por ejemplo, se puede afirmar que la situación de una persona con respecto a los sistemas de cobertura sanitaria es cuestión deresponsabilidad y de opciones personales, pero esta afirmación deja de ser sostenible cuando la única forma que se tiene de cubrir las necesidades en el mercado es mediante el pago de primas exorbitantes a compañías de seguros ineficientes, gigantescas y sumamente burocratizadas, pero también altamente rentables. Cuando estas compañías tienen incluso el poder de definir nuevas categorías de enfermedades para hacerlas coincidir con la aparición en el mercado de nuevos medicamentos, hay algo que claramente no esta funcionando como debiera (18). Mantener la legitimidad y el consentimiento en estas circunstancias se convierte en un juego de equilibrios mucho mas complicado, que puede venirse abajo facilmente cuando las cosas empiezan a ir mal.
Aunque preservar la integridad del sistema financiero puede ser crucial, el individualismo autoglorificador e irresponsable de sus operadores son fuente de volatilidad especulativa, de escandalos financieros y de inestabilidad crónica. Los escandalos de Wall Street y los fraudes contables destapados en los últimos años han socavado la confianza y planteado serios problemas a las autoridades reguladoras acerca de cómo y cuando intervenir, tanto en el plano internacional como nacional. La libertad de comercio a escala internacional, requiere la existencia de ciertas reglas de juego, y esto suscita la necesidad de cierto tipo de gobernanza global (por ejemplo, a través de la OMC). La desregulación del sistema financiero abre la puerta a conductas que exigen una regulación en aras a evitarse la crisis (19).
Si bien se colocan en un primer planolas virtudes de la competencia, la realidad delata la creciente consolidación del poder transnacional, monopolista y oligopolista dentro de un reducido número de centralizadas corporaciones multinacionales. Por ejemplo, la competencia en el mundo de las bebidas refrescantes se reduce a Coca-Cola versus Pepsi, en la industria energética se limita a cinco grandes corporaciones transnacionales y apenas unos cuantos magnates de los medios de comunicación controlan la mayor parte del flujo de noticias, que en muchos casos se convierten en pura propaganda.
En el plano popular, la expansión de las libertades de mercado y de la mercantilización de todo lo existente, puede escaparse al control muy facilmente y generar una sustancial falta de cohesión social. La destrucción de todos los vínculos de solidaridad social e, incluso, como sugirió Thatcher, de la propia idea de sociedad como tal, abre un enorme vacío en el orden social. Se vuelve entonces especialmente difícil combatir la anomia y controlar las conductas antisociales concomitantes que surgen, como la criminalidad, la pornografía o la practica de la esclavización de otras personas. La reducción de la «libertad» a la «libertad de empresa» desata todas aquellas «libertades negativas» que Polanyi vio como inextricablemente ligadas a las libertades positivas. La respuesta inevitable consiste en reconstruir los vínculos de solidaridad social, si bien en virtud de líneas diferentes. Esto explica el renovado interés por la religión y la moralidad, por nuevas formas de asociacionismo (en torno a cuestiones de derechos y de ciudadanía,por ejemplo) o, igualmente, la reedición de formas políticas mas viejas (el fascismo, el nacionalismo o el localismo, entre otras). El neoliberalismo, en su versión pura, siempre ha amenazado con provocar el nacimiento de su propia némesis (20) en una variedad de populismos y nacionalismos autoritarios. Tal y como Schwab y Smadja, organizadores del congreso anual -en otros tiempos, puramente conmemorativo- de Davos, nos advertían ya en 1996:
La globalización económica ha entrado en una nueva fase. Una creciente reacción contra sus consecuencias, especialmente en las democracias de los países industrializados, amenaza con tener un impacto desestabilizador en muchos países sobre la actividad económica así como sobre la estabilidad social. El clima general en estas democracias es de indefensión y de ansiedad, lo que ayuda a explicar el auge de una nueva corriente de políticos populistas. No es difícil que esto se transforme en una insurrección (21).
LA RESPUESTA NEOCONSERVADORA
Si el Estado neoliberal es esencialmente inestable, entonces, ¿qué podría sustituirle? En Estados Unidos hay señales de una respuesta propiamente neoconservadora a este interrogante. En sus reflexiones sobre la historia reciente de China, Wang también sugiere que en un plano teórico:
Todas estas narrativas discursivas, como «neoautoritarismo››, «neoconservadurismo», «liberalismo clasico», «extremismo mercantil», «modernización nacional», etc., guardan algún tipo de estrecha relación con la constitución del neoliberalismo. El desplazamiento sucesivo entre unos términos y otros (o, incluso, lascontradicciones existentes entre ellos) muestran los cambios en la estructura del poder tanto en la China contemporanea como en el mundo contemporaneo en su conjunto (22).
El hecho de si esto vaticina o no una reconfiguración mas general de las estructuras de gobierno a lo largo del planeta, no podemos saberlo por ahora. Sin embargo, resulta interesante observar de qué modo la neoliberalización llevada a cabo en Estados autoritarios como China y Singapur, parece coincidir con el creciente autoritarismo patente en Estados neoliberales como Estados Unidos y Gran Bretaña. Veamos, pues, de qué modo la respuesta conservadora a la inestabilidad esencial del Estado neoliberal ha evolucionado en Estados Unidos.
Al igual que los neoliberales que les precedieron, los «neocons» (23) han alimentado durante largo tiempo sus particulares lecturas del orden social en las universidades (siendo particularmente influyente Leo Strauss en la Universidad de Chicago) y en think-tanks generosamente financiados, así como también a través de influyentes publicaciones (como Commentary) (24). Los neoconservadores alientan el poder corporativo, la empresa privada y la restauración del poder de clase. Por lo tanto, el neoconservadurismo concuerda totalmente con la agenda neoliberal del gobierno elitista, la desconfianza hacia la democracia y el mantenimiento de las libertades de mercado.
No obstante, se aleja de los principios del neoliberalismo puro y ha reformulado las practicas neoliberales en dos aspectos fundamentales: primero, en su preocupación por el orden como una respuesta al caos de los interesesindividuales y, segundo, en su preocupación por una moralidad arrogante como el aglutinante social que resulta necesario para mantener seguro al Estado frente a peligros externos e internos.
En su preocupación por el orden, el neoconservadurismo emerge como una sencilla manera de despojarse del velo de antiautoritarismo en el que pretendía envolverse el neoliberalismo. Pero también propone respuestas propias a una de las contradicciones centrales del neoliberalismo. Si «no existe eso que llamamos sociedad, sino únicamente individuos», tal y como Thatcher lo formulara en un principio, entonces, el caos de los intereses individuales puede con facilidad acabar prevaleciendo sobre el orden. La anarquía del mercado, de la competitividad y del individualismo desenfrenado (esperanzas, deseos, ansiedades y miedos individuales; opciones sobre los estilos de vida, sobre los habitos y orientaciones sexuales; modos de expresión y de comportamiento hacia los otros) genera una situación que se torna progresivamente ingobernable. Incluso, puede conducir a una ruptura de todos los vínculos de solidaridad y a un estado próximo al anarquismo social y el nihilismo.
Frente a esta situación, parece necesario implantar cierto grado de coerción social en aras a restaurar el orden. Por lo tanto, los neoconservadores hacen hincapié en la militarización en tanto que antídoto al caos de los intereses individuales. Por esta razón son mucho mas propensos a llamar la atención sobre las amenazas, ya sean reales o imaginarias, y tanto domésticas como provenientes del exterior, a la integridad y a la estabilidad de lanación. En Estados Unidos, esto implica accionar lo que Hofstadter describe como «el estilo paranoico de la política estadounidense», en el que la nación se representa sitiada y amenazada por enemigos internos y externos (25). Este estilo de hacer política tiene una dilatada historia en Estados Unidos. El neoconservadurismo no es nuevo, y desde la Segunda Guerra Mundial ha encontrado su hogar particular en el poderoso complejo de la industria militar, que tiene intereses creados en la militarización permanente. Pero el final de la Guerra Fría planteó el interrogante sobre de dónde provendría la amenaza a la seguridad estadounidense. El islamismo radical y China emergieron como los candidatos mas probables en el frente externo, y los movimientos de disidencia surgidos en su seno (los miembros de Rama Davidiana masacrados en Waco, el movimiento de milicias que brindó socorro al atentado de Oklahoma, los disturbios que estallaron en Los Angeles tras la paliza a Rodney King y, finalmente, los disturbios de Seatle en 1999) tenían que ser colocados en el punto de mira interno mediante un fortalecimiento de la vigilancia y del seguimiento policial de los mismos. La emergencia sumamente real de la amenaza del islamismo radical durante la década de 1990, que culminó en los acontecimientos del 11 de septiembre, saltó finalmente al primer plano como el elemento central de la declaración de una «guerra contra el terrorismo» permanente que exigía una militarización tanto interna como en el plano internacional para garantizar la seguridad de la nación. Aunque a todas luces era precisoarticular algún tipo de respuesta militar/policial a la amenaza evidenciada por los dos ataques contra el World Trade Center de Nueva York, la llegada al poder de los neoconservadores garantizaba una respuesta global y, en opinión de muchos, extralimitada en el paso hacia una vasta militarización tanto en casa como en el extranjero (26).
Desde hace largo tiempo, el neoconservadurismo ha estado planeando como un movimiento contra la permisividad moral que promueve de manera característica el individualismo. En este sentido, pretende restaurar un sentido de finalidad moral, esto es, ciertos valores de orden superior que formaran el centro estable del cuerpo político. Esta posibilidad en cierto modo se presagia en el marco de las teorías neoliberales que «al poner en tela de juicio la propia fundación política de los modelos intervencionistas de gestión económica [] han vuelto a introducir cuestiones relativas a la moralidad, la justicia y el poder, aunque a su propia y particular manera» (27). En efecto, los neoconservadores transforman las «modalidades particulares» en las que estas cuestiones se introducen en el debate. Su objetivo es contrarrestar el efecto desintegrador del caos de los intereses individuales, que el neoliberalismo produce de manera invariable. En absoluto se apartan de la agenda neoliberal en cuanto a la construcción o a la restauración de un poder de la clase dominante. En efecto, aspiran a ganar legitimidad para ese poder, así como también un mayor grado de control social a través de la creación de un clima de consentimiento alrededor de un conjunto coherentede valores morales. Esto plantea de manera inmediata la cuestión de cuales son los valores morales que deberían prevalecer. Sería perfectamente viable, por ejemplo, apelar al sistema liberal de los derechos humanos ya que, en definitiva, el objetivo del activismo en favor de los derechos humanos, en palabras de Mary Kaldor, «no descansa meramente en la intervención para proteger los derechos humanos, sino en la creación de una comunidad moral» (28). En Estados Unidos, las doctrinas que promueven la «excepcionalidad» y la larga historia del activismo por los derechos civiles han generado, sin lugar a dudas, movimientos de caracter moral alrededor de cuestiones como los derechos civiles, el hambre en el mundo y el compromiso filantrópico, así como también un fervor misionero.
Pero el mejor modo de comprender los valores morales que actualmente ocupan el papel mas importante para los neoconservadores es atendiendo al hecho de que son el producto de la particular coalición forjada en la década de 1970 entre la elite y los intereses financieros unidos con la intención principal de restaurar su poder de clase, por un lado, y una base electoral integrada en la «mayoría moral» de la desengañada clase obrera blanca, por otro. Los valores morales se concentraron en el nacionalismo cultural, la superioridad moral, el cristianismo (de un determinado tipo evangélico), los valores familiares en relación con cuestiones como el derecho a la vida y en el antagonismo respecto a los nuevos movimientos sociales, como el feminismo, los derechos de los homosexuales, la acción afirmativa o elecologismo. Si bien durante la era reaganiana esta alianza fue eminentemente tactica, el desorden doméstico de los años de Clinton convirtió el debate sobre los valores morales en el eje del republicanismo de Bush hijo. Actualmente, constituye el centro de gravedad de la agenda moral del movimiento neoconservador (29).
Pero no sería acertado considerar este giro neoconservador como un rasgo excepcional o particular de Estados Unidos, aunque puedan estar funcionando en este país elementos específicos que no estan presentes en otros lugares, aquí esta afirmación de los valores morales se apoya de manera considerable en apelaciones a los ideales ligados, entre otras cosas, a la nación, a la religión, a la historia o a la tradición cultural, y en ningún caso estos ideales se ciñen a este país. Este hecho coloca nuevamente en el centro del analisis, y de manera mas acusada, uno de los aspectos mas problematicos de la neoliberalización, esto es, la curiosa relación entre el Estado y la nación, En principio, la teoría neoliberal no mira con buenos ojos a la nación, aún cuando defiende la idea de un Estado fuerte. El cordón umbilical que une al Estado y a la nación bajo el liberalismo embridado, ha de ser cortado si se quiere que el neoliberalismo pueda madurar. Esta afirmación se torna especialmente cierta si pensamos en algunos Estados, como México y Francia, que adoptan una forma corporativista. El Partido Revolucionario Institucional de México había defendido durante un largo periodo de tiempo el lema de la unidad entre el Estado y la nación, pero esta defensa hizo aguas de maneraprogresiva, e hizo, incluso, que buena parte de la nación se volviese contra el Estado a raíz de las reformas neoliberales adoptadas durante la década de 1990. Por supuesto, el nacionalismo ha sido un rasgo secular de la economía global y efectivamente sería extraño que hubiera desaparecido sin dejar rastro como resultado de las reformas neoliberales; de hecho, en cierta medida ha revivido como oposición a las consecuencias que ha acarreado el proceso de neoliberalización. El ascenso de los partidos de derecha de corte fascista en Europa, que expresan fuertes sentimientos en contra de la población inmigrante, es un claro ejemplo de ello. Mas lamentable fue, si cabe, el nacionalismo étnico que estalló al calor del desplome económico de Indonesia y que concluyó con un brutal ataque contra la minoría china en aquél país.
Sin embargo, tal y como hemos visto, el Estado neoliberal necesita cierta forma de nacionalismo para sobrevivir. Empujado a operar como un agente competitivo en el mercado mundial y pretendiendo establecer el mejor clima posible para los negocios, el Estado neoliberal moviliza el nacionalismo en sus esfuerzos por alcanzar el éxito. La competitividad produce ganadores y perdedores efímeros en la lucha global por alcanzar una determinada posición y este hecho, en sí mismo, puede ser una fuente de orgullo, o de examen de conciencia, nacional. Igualmente, ésto se pone de manifiesto en el nacionalismo que se genera alrededor de las competiciones deportivas que se celebran entre diferentes países. En China, hay una abierta apelación al sentimiento nacionalista en la lucha porobtener una posición (cuando no la hegemonía) en la economía global (al igual que podemos ver en la intensidad de su programa de entrenamiento para los atletas que competiran en los Juegos Olímpicos de Pekín). Tanto Corea del Sur como Japón se encuentran asimismo desbordados por un sentimiento nacionalista y, en ambos casos, este hecho puede ser considerado como un antídoto frente a la disolución de los antiguos vínculos de solidaridad social bajo el impacto del neoliberalismo. En el seno de los viejos Estados-nación (como Francia) que ahora constituyen la Unión Europea, se estan avivando fuertes corrientes de nacionalismo cultural. La religión y el nacionalismo cultural también brindaron el aliento moral que durante los últimos años sostuvo el éxito del Partido Nacionalista Hindú para poner en marcha las practicas neoliberales en la India. La invocación de valores morales en la revolución iraní y el posterior giro hacia el autoritarismo, no han conllevado el abandono total de las practicas basadas en el mercado en este país, aunque la revolución apuntaba contra la decadencia del individualismo desenfrenado de las relaciones mercantiles. Un impulso semejante descansa detras del viejo sentido de superioridad moral que invade países como Singapur y Japón respecto a lo que ellos perciben como el individualismo decadente y el multiculturalismo deslavazado de Estados Unidos. El ejemplo de Singapur es particularmente ilustrativo. Ha combinado el neoliberalismo en el mercado con un poder estatal draconiano, coercitivo y autoritario, mientras apela a vínculos de solidaridad moralbasados en los ideales nacionalistas de un Estado insular asediado (tras su expulsión de la federación malaya), en los valores confucianos y, de manera mas reciente, en una versión propia de la ética cosmopolita apropiada a su actual posición en el mundo del comercio internacional (30). Especialmente interesante es, asimismo, el caso britanico. Margaret Thatcher, a través de la guerra de las Islas Falklands/Malvinas y de su postura antagonista hacia Europa, invocó el sentimiento nacionalista para suscitar el apoyo a su proyecto neoliberal, aunque la idea que animaba su visión era la de Inglaterra y San Jorge, y no la del Reino Unido, lo que despertó la hostilidad de Escocia y de Gales.
Evidentemente, aunque el coqueteo con cierto tipo de nacionalismo presente peligros, el ardiente abrazo por parte del neoconservadurismo de una meta moral nacional es mucho mas amenazante. La imagen de un nutrido grupo de Estados dispuestos a recurrir por separado a practicas coercitivas draconianas cada uno en apoyo de sus propios valores morales diferenciadores y supuestamente superiores, compitiendo entre sí en la escena mundial, no resulta alentadora. Lo que parece una solución a las contradicciones del neoliberalismo, puede convertirse con demasiada facilidad en un problema en sí mismo. La expansión del poder neoconservador, cuando no plenamente autoritario (de manera similar al que Vladimir Putin ejerce en Rusia y al que el Partido Comunista ejerce en China), aunque se funde de manera muy diferenciada en formaciones sociales distintas, ilumina los peligros de caer en una competencia, o incluso enuna guerra, entre nacionalismos. Si el hecho de que esto ocurra es inevitable, es mas probable que se deba al giro neoconservador que a verdades eternas atribuidas a diferencias supuestamente nacionales. Por lo tanto, si queremos evitar desenlaces catastróficos, es necesario rechazar la solución neoconservadora de las contradicciones del neoliberalismo. No obstante, esto hace presumir la existencia de alguna alternativa, cuestión que abordaremos mas adelante.
(1)H. J. Chang, Globalization, Economic: Development and the Role of the State, Londres, Zed Books, 2003; B. Jessop, “Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance. A State-Theoretical Perspective”, Antipode XXXIV, 3 (2002), pp. 452-472; N. Poulantzas, State Power Socialism, Londres, Verso, 1978; S. Clarke (ed), The State Debate, Londres, Macmillan, 1991; S. Haggard y R. Kaufman (eds.), The Politics of Economic Adjustment International Constraints, Distributive Conflicts and the State, Princeton, Princeton University Press, 1992; R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Nueva York, Basic Books, 1977.
(2) J. Stiglitz, autor de The Roaring Nineties (Nueva York, Norton, 2003), obtuvo su Premio Nóbel por sus estudios sobre el modo en las asimetrías de información afectaban al comportamiento y a los resultados del mercado.
(3) Véase, D. Harvey, The Condition of Posmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989, y D. Harvey, The Limits to Capital, Oxford, Basil Blackwell, 1982.
(4) Sobre este concepto, Naomi Klein profundiza en su libro “La doctrina del shock: El auge del capitalismo de desastre”.
(5) P. Evans, Embedded Autonomy.Status and Industrial Transformation, Princeton, Princeton University Press, 1995; R. Wade, Governing the Market, Princeton, Princeton University Press, 1992; M. Woo Cummings (ed.), The Developmental State, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1999.
(6) P. Henderson, “Uneven Crises. Institutional Foundation of East Asian Turmoil”, Economy and Society XXVIII, 3 (1999), pp. 327-368.
(7) J. Stiglitz, The Roaring Nineties, cit., p. 227; P Hall, Governing the Economy. The Politics of State Intervention in Britain and France, cit.; M. Fourcade-Gourinchas y S. Babb, «The Rebirth of the Liberal Creed. Paths to Neoliberalism in Four Countries», American Journal of Sociology 108 (2002), pp. 542-549.
(8) I. Vasquez, «The Brady Plan and Market-Based Solutions to Debt Crises››, The Cato Journal XVI, 2 (disponible online).
(9) M. Piore y C. Sable, The Second Industrial Divide. Possibilities of Prosperity, Nueva York, Basic Books, 1986.
(10) Véase, D. Harvey, The Condition of Posmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989.
(11) V. Navarro (ed.), The Political Economy of Social Inequalities. Consequences for Health and the Quality of Life, Amityville (NY), Baywood, 2002.
(12) P. McCarney y R. Stren, Governance on the Ground. Innovations and Discontinuities in the Cities of the Developing World, Princeton, Woodrow Wilson Center Press, 2003; A. Dixit, Lawlessness and Economics. Alternative Modes of Governance, Princeton, Princeton University Press, 2004.
(13) R. Miliband, The State in Capitalist Society, Nueva York, Basic Books, 1969.
(14) N. Rosenblum y R. Post (eds.), Civil Societyand Government, Princeton, Princeton University Press, 2001; S. Chambers y W. Kymlicka (eds.), Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton, Princeton University Press, 2001.
(15) K. Ohmae, The End of the Nation State. The Rise of the Regional Economies, Nueva York, Touchstone Press, 1996.
(16) El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, conocido también como TLC o como NAFTA, siglas en inglés de North American Free Trade Agreement, o ALÉNA, del francés Accord de libre-échange nord-américain ) es un bloque comercial entre Estados Unidos, Canada y México que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y establece una zona de libre comercio. (Fuente: Wikipedia)
(17) J. Court, Corporateering. How Corporate Power Steals your Personal Freedom, Nueva York, J. P. Tarcher/Putnam, 2003.
(18) D. Healy, Let Them Eat Prozac. The Unhealthy Relationship Between the Pharmaceutical Industry and Depression, Nueva York, New York University Press, 2004.
(19) W. Bello, N. Bullard, y M. Malhotra (eds.), Global Finance. New Thinking on Regulating Speculative Markets, Londres, Zed Books, 2000.
(20) Némesis: Mit. Diosa de la venganza y de la justicia distributiva en la mitología griega, se la considera enemiga de toda felicidad.
(21) K. Schwab y C. Srnadja, citado en D. Harvey, Spaces of Hope, Edinburgo, Edinburg University Press, 2000, p. 70 (ed cast.: Espacios de esperanza, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 16», Ediciones Akal, 2003.)
(22) H. Wang, China´s New Order Society, Politics and Economy in Transition, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2003, p. 44.
(23) Enreferencia a los neoconservadores.
(24) J. Mann, The Rise off the Vulcans. The History oƒ Bush´s War Cabinet, Nueva York, Viking Books, 2004; S. Drury, Leo Strauss and the American Right, Nueva York, Palgrave MacMillan, 1999.
(25) R. Hofstadter, The Paranoia Style in America Politics and Other Seais, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996.
(26) D. Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003 [ed, cast.: El Nuevo imperialismo, Madrid, “Cuestiones de antagonismo 26”, Ediciones Akal, 2004]
(27) H.J. Chang, Globalisation, Economic Development and the Role of the State, Londres, Zed Books, 2003.
(28) M. Kaldor, New and Old Wars. Organizad Violence in a Global Era, Cambridge, Polity, 1999, p. 130.
(29) T. Frank, What`s the Matter with Kansas. How Conservatives Won the Hearts of America, Nueva York, Metropolitan Books, 2004.
(30) Lee Kuan Yew, From Third World to First. The Sincapore Store, 1965-2000, Nueva York, Harper Collins, 2000.
*Capítulo III del libro Breve historia del Neoliberalismo.
MERCADO Y NEOLIBERALISMO
Pablo Davalos*
La construcción del mercado como categoría histórica a partir de la cual se derivaría una nueva forma de contrato social, apela a un tipo específico de racionalidad, que ya fue duramente criticado por los filósofos de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, y Marcuse, entre otros. Es la racionalidad instrumental que se demuestra mediante la eficiencia en el uso de los recursos, y que, en realidad, no es mas que la fetichización de un tipo de racionalidad propuesta por la modernidad.
En efecto, el proyectoclasico de la modernidad apuntaba a desligar a la racionalidad humana de todo tipo de hipotecas especulativas y teológicas. El mundo que supuestamente debía emerger desde la modernidad, era un mundo que debería ser regido por una racionalidad amplia y cuya culminación teórica debería ser un nuevo tipo de ética de la responsabilidad social, preconizado por Habermas, heredero de la Escuela de Frankfurt, y basado en una teoría de la comunicación entre los seres humanos. Ahora bien, es justamente el aspecto mas limitado y mas pragmatico de la razón, el que ha venido predominando e imponiéndose, la razón instrumental.
El aspecto central de este proyecto es la apelación a la eficiencia y la construcción de una categoría que pretende ser ontológica: el homo economicus. Según esta visión, todo hombre racional es eficiente, y la eficiencia se demuestra en la manera de utilizar los recursos existentes, sustentado, ademas, en aquello que Weber denominaba la «ética protestante», es decir, la utilización del tiempo en función del trabajo, la glorificación del ahorro, y del ascetismo, etc. Este proyecto privilegia la relación del hombre con las cosas, mas que las relaciones históricas entre los propios seres humanos. El espacio en el cual se realiza la eficiencia del homo económicus es el mercado.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEGORÍA MERCADO
El mercado como construcción teórica que justifica un determinado tipo de racionalidad y una determinada practica histórica, es mas bien un proceso reciente, e íntimamente vinculado a la corriente teórica del neoliberalismo. Las reflexiones de Rorty, Nozick, Bell,entre otros, apuntan a legitimar el mercado a partir de la deslegitimación del Estado. Un proceso que en realidad no tiene sustento teórico. La oposición entre el mercado y el Estado es una transliteración de la oposición entre Estado y sociedad civil que caracterizó al derecho positivo a inicios de la modernidad, y que tiene como base la constitución del principio de soberanía y la formación del poder político del Estado moderno.
Identificar al mercado con la sociedad civil es un procedimiento teórico abusivo, que no tiene bases reales de sustentación en la tradición filosófica de la modernidad. Sin embargo, esta identificación entre sociedad civil y mercado es la base sobre la cual se construyen las pretensiones deontológicas del actual discurso neoliberal.
Para el neoliberalismo, el mercado es el locus en el cual se hacen transparentes las decisiones y las acciones racionales del homo economicus. Es el mecanismo mas idóneo para garantizar la libertad individual. En el mercado cada hombre esta solo y es responsable de sus actos frente a los demas. La «mano invisible«» del mercado hace que todos los individuos cooperen mutuamente para realizar el bienestar común sin coerciones de ninguna especie. El Estado, por el contrario, es el Leviatan. Es la fuerza coercitiva por excelencia. Es la imposición y la restricción a la libertad individual. Es, en definitiva, el control y la sujeción a la individualidad.
Estado y mercado son fuerzas antitéticas, sin embargo necesarias. Según la utopía neoliberal, la sociedad mas perfecta sera aquella con un Estado mínimo y en la cual elmercado sea quien regule realmente a la sociedad. De ahí la propuesta de transferir al mercado instituciones, mecanismos, empresas y responsabilidades estatales. En manos del Estado quedarían basicamente las funciones de seguridad nacional y de control policial.
Ahora bien, el mercado como locus que transparenta la racionalidad instrumental a través de la eficiencia en la asignación de recursos, es mas bien una especie de aquello que Castoriadis denominaba instituciones imaginarias de la sociedad. El mundo que prima fuera de las fronteras de la utopía neoliberal, es mas bien un mundo irracional.
A medida que el Estado transfiere mas responsabilidades al mercado, mas irracional se vuelve el sistema. A nivel social, por ejemplo, la concentración de la riqueza se incrementa y se extiende aceleradamente la miseria. Una irracionalidad que incluso se ha extendido a la forma por la cual el capitalismo explota los recursos naturales de nuestro planeta. A la depredación de los seres humanos se suma ahora la incontrolable depredación de la naturaleza.
MERCADO Y EMPRESA CAPITALISTA
Empero de ello, si bien es cierto que al interior de la moderna empresa capitalista rige la racionalidad instrumental, e incluso la anticipación futura del comportamiento de los individuos frente a las incertidumbres del mercado, como pretende hacerlo la escuela de las «expectativas racionales», también es cierto que fuera de las fronteras de la empresa capitalista reina la incertidumbre. Mas alla del espacio seguro de la empresa o de la corporación capitalista, esta un reino obscuro dominado por fuerzasdesconocidas que amenazan directamente a la corporación capitalista. Es el mercado.
Un rasgo específico de esta racionalidad interna de la empresa capitalista es el deseo de controlar el mercado, que es, de hecho, una forma de dominar a la incertidumbre, de reducirla a los continentes de la previsión, de acercarla a las formas mas practicas de las dinamicas de la empresa capitalista. Una de las maneras por las cuales se llega al control de esta incertidumbre es a través del monopolio.
En efecto, existe una tendencia natural dentro del capitalismo hacia el monopolio, es decir, al control absoluto del mercado. Si existe esta tendencia es porque el capitalismo en realidad tiene miedo del mercado. Le asustan esos temores cotidianos que nacen del encuentro de esas fuerzas casi metafísicas que se llaman oferta y demanda.
El mercado como locus, es un espacio terrible. Transido de conflictos, lleno de incertidumbres. Un espacio en el cual cuentan, al decir de Baudrillard, las estrategias mas fatales, las formas mas perversas de la comunicación humana. Un espacio que desgarra cotidianamente a quienes participan en él, y en el cual se imponen los mas fuertes, los mas astutos. Un espacio atravesado por relaciones de poder. Que produce encuentros destinados a la confrontación y a la destrucción. Que destruye cualquier forma de comunicación transparente y horizontal. Que arrasa con cualquier forma de racionalidad que no sea la racionalidad estratégica, es decir, aquella racionalidad hecha para manipular al otro de tal manera que realice aquello que yo necesito, aquello que yo quiero.
Es naturalque el capitalismo le tenga miedo a ese espacio del cual depende su vida misma. Es natural, también, que intente de alguna manera someterlo, controlarlo. Los monopolios son esa respuesta, casi natural, frente a ese locus desgarrado por las tensiones, que se llama mercado.
MERCADO Y MONOPOLIOS
Los monopolios controlan la producción y la distribución, orientan el consumo, planifican la economía mundial, deciden la inversión, controlan la tecnología. La lucha entre monopolios, en realidad, es una contienda feroz, porque de allí emerge una fuerza mayor que controlara al mercado, que lo domesticara, que le dara transparencia y racionalidad, que podra planificarlo, es decir, otorgarle algún tipo de racionalidad. Esa nueva fuerza, producto natural del capitalismo, es la gran corporación que incorpora a su interior una serie de grandes monopolios. Son los chaebols coreanos, los zeiretzus japoneses, los grandes grupos financieros americanos y europeos.
Un total de 200 empresas controlan cerca del 80% de la economía del planeta. La industria del software es controlado en un 90% por una sola empresa, la industria aeronautica es controlada en un 95% por dos empresas. El libre mercado en realidad es una ficción, una construcción discursiva dentro de un practica ideológica, el neoliberalismo. El libre mercado sirve para justificar y legitimar el poder de los monopolios. Sirve dentro de sus estrategias de expansión y control planetario. Ningún país del mundo, y menos aún aquellos países pobres, pueden oponerse al poder de los monopolios.
La existencia de los monopolios y de las grandescorporaciones demuestran la necesidad ineludible de incorporar en el mercado una dimensión de racionalidad, por fuera de la racionalidad meramente instrumental, aquella de la planificación, es decir, la voluntad consciente de orientar, y dar una conducción coherente a la producción, a la distribución y al consumo. En efecto, a pesar de todos los discursos en contra de la necesidad de planificar al mercado, los monopolios planifican, de hecho, el mercado mundial, controlan hasta el último detalle de la producción, intentan controlar totalmente el consumo, a través de la domesticación del consumidor.
LA NECESIDAD DE CONTROLAR AL MERCADO
La necesidad de planificación dentro del mercado por parte de las grandes corporaciones transnacionales, evidencia que el mercado no tiene mecanismos de autoregulación. Indican, asimismo, que el mercado es un producto humano susceptible de ser transformado por la acción consciente de los seres humanos. Si el mercado es un producto humano, entonces la «mano invisible» que regula la acción de los seres humanos dentro del espacio del mercado, en realidad es un artificio teórico que apela a la metafísica para explicar el comportamiento de los hombres en el mercado.
Si el mercado no tiene mecanismos de autoregulación, o en todo caso, la autoregulación existente necesita de la conducción estratégica de las corporaciones transnacionales, y si a su interior se despliegan formas perversas de acción humana, entonces, el mercado no puede ser, bajo ningún concepto, el locus desde el cual se regulen a las sociedades.
La ideología del mercado, en ese contexto,sirve, en realidad, para dar justificación teórica y legitimación practica, a un proyecto que favorece directamente el poder de las grandes corporaciones transnacionales.
Las acciones del mercado, cada vez con menos controles, estan en el origen de las recientes crisis financieras, que contradicen el supuesto teórico de que los mercados financieros son casi perfectos, en el incremento del desempleo, que desdice, asimismo, el supuesto teórico de la inexistencia de desempleo involuntario, en la extensión de la pobreza, en la degradación del medio ambiente, en las megafusiones de empresas transnacionales que han tomado como rehén a la ciencia y a la tecnología, que entre otros fenómenos, amenazan seriamente al hombre y a su entorno. Son amenazas que repercuten directamente en la democratización de nuestras sociedades. Que ponen en riesgo la supervivencia misma del hombre como especie.
Por ello, es urgente desarrollar estrategias para controlar a los mercados y a las grandes corporaciones transnacionales que estan hipotecando toda posibilidad de desarrollo humano.
*Fue viceministro de Economía del Ecuador cuando Rafael Correa era ministro de esa cartera, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Asesor de la Conaie, la organización indígena mas grande del Ecuador, miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y profesor universitario, ha publicado el libro «La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina» (Codeu-Puce, Quito).
Tomado de: Pablo Davalos. ALAI, América Latina en Movimiento. Artículo publicado el 16-10-1999.
LASRELACIONES ESTADO-SOCIEDAD EN EL PERÚ: UN EXAMEN BIBLIOGRAFICO
Gonzalo Portocarrero
Para presentar este examen, agruparé los textos leídos y comentados de acuerdo con sus afinidades tematicas. De esta manera, tenemos tres secciones. En la primera se discuten los textos que tratan sobre la “larga duración”, que se concentran en los aspectos de fondo de la relación Estado-sociedad. En la segunda se hace lo propio con los textos que discuten la política y el sistema político y aportan al tema desde una perspectiva mas situada y puntual, como es el analisis del régimen Fujimori-Montesinos. Finalmente, en la última sección, se dialoga con los textos que examinan situaciones microsociales que, sospechamos, (re)producen lo macrosocial. (1)
LECTURAS SOBRE LA LARGA DURACIÓN
En primer lugar tenemos los textos que sitúan el presente en la perspectiva de la “larga duración”; es decir, que privilegian las permanencias seculares y los cambios fundamentales. Lo que podría llamarse los “procesos de fondo”. Una primera referencia basica son los trabajos de Alberto Flores Galindo. Para este autor, lo que mejor define la contemporaneidad del Perú es la vigencia de una “tradición autoritaria”. El núcleo de esta tradición esta dado por una violencia que permea la sociedad y que conduce a (re)producir la fragmentación social. La familia, la escuela, las carceles, los cuarteles, las calles: todos estos espacios estan atravesados por la violencia. Entonces se obedece al poder mas por el miedo que suscita que por el convencimiento de que su actuar es justo y benéfico. Ademas, como la diversidad entre lagente (color de la piel, educación, lugar de nacimiento, nivel de educación) se convierte de inmediato en jerarquía, a la vez reconocida y resentida, silenciada, resulta muy difícil una acción concertada. El resultado es una sociedad que no puede actuar sobre sí misma; que, descontenta, cifra sus esperanzas de cambio en una figura providencial. Una autoridad fuerte, justa, honrada, benevolente. Como habrían sido los incas. Pero se trata de una fantasía, una ilusión que abre una esperanza que sólo da lugar a desencantos sucesivos. Finalmente, la tradición autoritaria nos inmoviliza en un presente que se repite. Los planteamientos de Flores Galindo han sido desarrollados por Nelson Manrique y Gonzalo Portocarrero, entre otros autores. En especial, ellos han estudiado el tema del racismo como un conjunto de discursos y practicas que renuevan el legado colonial o la tradición autoritaria. En verdad, lo primordial sería una tendencia a jerarquizar o, para decirlo en otras palabras, una resistencia a la idea de igualdad. De allí nace una manía clasificatoria y jerarquizadora que se reproduce en todos los sectores sociales. Por cierto que en un país donde cualquier diferencia es pretexto de desigualdad y de discriminación no hay posibilidades de un sentimiento de “conciudadanía”. Y sobre este trasfondo de mutuas negaciones no puede existir una sociedad política de ciudadanos, un espacio participativo donde acordar y disentir sobre lo que debería ser el interés de todos. El racismo tiene, pues, un efecto disgregador. Impide el surgimiento de una “comunidad imaginaria”, la identificación conuna perspectiva desde donde el país se aprecie como una comunidad de intereses y destino.
En el otro polo de la posición representada por Flores Galindo podríamos ubicar a Sinesio López. Para este autor, el rasgo mas importante del proceso histórico peruano en tiempos recientes no es la continuidad autoritaria sino la ruptura democratica. “El transito de una sociedad cerrada de señores a una sociedad de ciudadanos, a través de un proceso que aún no ha concluido”. Si este proceso no ha sido mas rapido, es por la falta de una “cultura democratica”. En realidad, en la narrativa de López palpita el argumento de Tocqueville: la democracia como un principio cultural expansivo que va remodelando las relaciones sociales en las distintas esferas de la vida. López articula muchos hechos como prueba de su hipótesis. De hecho, abundan signos de lo que dice. Pero no es menos cierto que lo mismo puede decirse con respecto a los hechos que contradicen su hipótesis: los signos de la persistencia del colonialismo. Entonces, ¿qué define mejor la contemporaneidad peruana: la continuidad del autoritarismo o la ruptura de la democracia? La respuesta tiene mucho que ver con el lugar desde donde se enuncia la pregunta. Para un revolucionario, como Flores Galindo, impaciente por el cambio, asqueado por la injusticia y la desigualdad, el vaso esta (semi)vacío. Denunciar la continuidad del autoritarismo representa un llamado al cambio radical. Para un demócrata moderado, como López, el vaso esta (semi)lleno. Destacar los cambios y la consolidación de la ciudadanía es pretender construir un camino parafundamentar una acción política gradualista e integradora.
Pero si mas alla de las narrativas sintetizadoras, trataramos de hacer un balance de los hechos, creo que, de manera sensata, se podrían proponer las siguientes hipótesis: a) Es indudable que en el Perú de hoy existe una mayor conciencia de igualdad. Un signo de este fenómeno es precisamente la visibilización de la discriminación y el racismo. b) No obstante, la tendencia a la jerarquización persiste y es muy fuerte. Como esta tendencia atraviesa a todos los sectores sociales, el resultado es una aguda fragmentación social. La solidaridad queda restringida a la “gente como uno”. Entonces, el Perú como una “comunidad imaginaria”, basada en el mutuo reconocimiento, en sentir que se comparte algo sustancial para todos, es terriblemente débil.
Zizek dice que la narrativa es una forma de construcción de sentido, de afirmar un orden allí donde existe el caos de lo real. Lo paradójico y lo absurdo quedan entonces domesticados, colonizados por la capacidad de imaginar un orden que construimos y que nos aquieta, pues hace inteligible nuestro entorno, proporcionando un marco a nuestras vidas. No obstante, continúa Zizek, el orden que la narrativa fundamenta es siempre precario, pues esta minado por antagonismos que lo sacuden y desestabilizan. Entonces, hay que rechazar las narrativas y quedarnos con lo ambiguo y paradójico. En concreto, ello significa rechazar las lecturas de la situación peruana en términos de una permanencia autoritaria o de una progresión democratica. Lo característico del país sería, entonces, elantagonismo entre tendencias que recorren toda la vida social. Esta situación no tendría por qué razonarse en una perspectiva teleológico-narrativa, como resolviéndose en un sentido u otro, sino como una realidad estable, donde el absurdo y lo paradójico serían precisamente los hechos centrales. Creo que a esta perspectiva —pensar menos en términos de procesos que resuelven antagonismos y mas en términos de situaciones “intransitables”— apunta el concepto de “sociedad poscolonial”.
En un texto muy importante, Gayatri Spivak afirma que los países que no han logrado descolonizarse se convierten en países poscoloniales. Desde este punto de vista, la descolonización implica no sólo autonomía política sino, sobre todo, la elaboración de un sentido común, un imaginario colectivo que proporcione a los habitantes de la sociedad en cuestión una visión positiva de sí mismos, un sentimiento que los empodere de manera tal que puedan verse como agentes y protagonistas de una aventura colectiva, que concierne a todos. Pero, por otro lado, la descolonización supone también el consolidar la ciudadanía y los procedimientos democraticos; es decir, la participación política de las mayorías y la fidelidad de los gobiernos y los ciudadanos a las reglas democraticas de transparencia y de respeto a los derechos de los otros.
La situación poscolonial implica, pues, una suerte de “atascamiento”. Los cambios sociales no se encadenan en una dinamica de desarrollo sostenible. Lo constante es la coexistencia de lo antagónico; la oscilación entre autoritarismo y democracia. Todo parece, siempre, empezar de nuevo. Enel campo cultural los países poscoloniales tienden a producir narrativas tragicas, historias en las que se articulan contradictoriamente, por un lado, sentimientos de impotencia e inferioridad e invocaciones a la resignación, con, por otro lado, una esperanza de redención. Este temple o animo colectivo, que se revela en la recurrencia de las narrativas tragicas, puede variar. En algún momento la esperanza puede primar sobre la impotencia y resignación. No obstante, estos sentimientos estaran allí dispuestos a resurgir según los acontecimientos políticos y económicos los evoquen (2). Estas “narrativas tragicas”, de luchas agónicas pero finalmente poco eficaces, se pueden contrastar con las “narrativas épicas” (3) propias de los países desarrollados. En estos relatos las colectividades logran extender un manto de autoestima y poder sobre sus miembros. Las derrotas y contrariedades aparecen como desviaciones de un telos potente y afirmativo. En el campo político, los países poscoloniales oscilan entre la democracia y la dictadura. En esta alternancia se manifiesta la debilidad de los habitos democraticos y la vigencia de tradiciones exclusivistas que, en nombre de la jerarquía, desestiman el dialogo y prestigian la fuerza. Dentro de este panorama, el texto de Nugent significa un aporte, pues explora las raíces de la tendencia a jerarquizar. La idea de que la tutela, como en una relación padre-hijo, es necesaria se fundamenta en el sentimiento de que el otro no puede por sí mismo y que necesita ser dirigido. No sabe aquello que le conviene, pues es ignorante e incapaz deautocontrol. En su minoridad, su limitación es patente, de manera que necesita ser protegido. La Iglesia y las Fuerzas Armadas serían las instituciones donde la ideología del tutelaje esta in-corporada en ideas y practicas que limitan la capacidad de autodiscernimiento y alientan, en contraste, la sumisión a una autoridad que no se siente en la obligación de justificarse. Hasta las mismas constituciones han recogido la tan extendida idea de que las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica son “las instituciones tutelares de la patria”.
Finalmente, el texto de Golte, pese a lo discutibles que resultan muchas de sus ideas, aporta renovando la visión de lo andino. En efecto, Golte analiza el legado que las tradiciones andinas han dejado al mundo popular urbano de hoy. Los migrantes estan cambiando el rostro del país gracias a que llevan a la ciudad activos culturales que, como la laboriosidad y la capacidad de organización social, tienen una historia milenaria. Este mundo sería el protagonista del desarrollo.
LECTURAS SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO
En segundo lugar, tenemos los textos que discuten la política y el sistema político. En realidad, todos ellos tratan sobre el Perú contemporaneo, sobre el gobierno de Fujimori. Todos, también, son críticos; tratan de explicar por qué las cosas no son como deberían ser. Me parece sensato dividir los textos entre aquellos que enfatizan características estructurales del proceso político peruano y aquellos que se concentran en los acontecimientos y la formulación de hipótesis ad hoc para explicar el fenómeno fujimorista. En realidad, las fronteras no sontan claras y la diferencia es un tanto arbitraria; no obstante, resulta útil para agrupar y comentar los textos referidos.
Julio Cotler argumenta la existencia de una tensión entre gobernabilidad y democracia en el Perú de los ochenta. Pero las razones que según él fundamentaría esta tensión distan de ser coyunturales. En efecto, para Cotler, la crisis de gobernabilidad se origina en el patrimonialismo y el clientelismo, en las elevadas expectativas populares y en la “clasica debilidad del Estado para formular, organizar y ejecutar decisiones coherentes”. A estos hechos, permanentes en la historia del país, se agregaría la política heterodoxa del presidente García con sus consabidos resultados catastróficos. No obstante, creo que para Cotler la heterodoxia populista es un resultado esperable de circunstancias estructurales. Sea como fuere, aquello que no esta en duda es que la demanda de orden y mano dura surge de la crisis de gobernabilidad, del caos social. De la heterodoxia populista se transita al autoritarismo liberal. La gobernabilidad se resuelve en lo inmediato pero a costa de la democracia. Sin embargo, la situación no deja de ser precaria porque el régimen autoritario, liberado de cualquier control ciudadano, adquiere un caracter mafioso y corrupto, que lo termina por deslegitimar, tornando la situación nuevamente ingobernable. Entonces, ni las democracias populistas ni las dictaduras corruptas aseguran una gobernabilidad adecuada. Así estaría el Perú, dando tumbos, sin encontrar su destino. La legitimidad y el orden no pueden perdurar simultaneamente (4). En losplanteamientos de Cotler hay una fuerte crítica a los políticos por su falta de responsabilidad. También cabe destacar la importancia que él asigna a los factores internacionales.
En el otro extremo de la posición de Cotler esta Martín Tanaka, quien sustenta que en los años ochenta no se dio una crisis del sistema de partidos sino un “agotamiento de la manera de hacer política”. Entonces, el “colapso sorpresivo” de los partidos obedecería a que ellos desatendieron a la opinión pública justo en el momento en que se estaba transitando desde un “modelo electoral movimientista” a otro “electoral mediatico”. En todo caso, lo que ocurre es que la gente deja de sentirse representada por los partidos, de manera que el “outsider” Fujimori logra arrinconarlos. La explicación de Tanaka pretende reivindicar la importancia de los eventos, de la estrategia de los actores y de la misma contingencia.
La posición de Crabtree esta mucho mas cerca de Cotler que de Tanaka. Para este autor, habría un problema fundamental: la “falta de una intermediación política adecuada”; es decir, el mundo social no esta debidamente entroncado con los partidos políticos. De allí la tendencia al surgimiento de los liderazgos carismaticos y la concentración del poder que socava la institucionalidad democratica, hecho que, a su turno, impide la emergencia de partidos. El caudillismo populista lleva a desbordes permanentes, que resultan de expectativas populares desmesuradas por el afan de protagonismo del caudillo de turno. Esta dinamica es la que impide la consolidación de la formalidad, el apego a los procedimientos,que es el terreno de donde podría emerger una gobernabilidad democratica. El argumento de Murakami va en el mismo sentido. Existiría una “tradición plebiscitaria” en la sociedad peruana, una incapacidad para lograr acuerdos colectivos y hacerlos respetar. Desde esta precariedad, la sociedad se ilusiona en que delegar la responsabilidad es la salida para resolver los problemas colectivos. No obstante, el líder plebiscitario tiende al patrimonialismo y al clientelismo, a la prebenda y a la demagogia. Para Murakami, esta constante atraviesa toda la sociedad peruana: desde los clubes de madres hasta el propio gobierno.
Las ideas de Carlos Ivan Degregori se refieren mas a un régimen específico, el de Fujimori-Montesinos, que a un sistema o tradición política. En este sentido, este autor esta mas cerca de Tanaka que de Cotler, Crabtree y Murakami. Degregori trata de explicar el fujimorismo como un régimen surgido “de la guerra victoriosa contra la subversión, la hiperinflación y los partidos tradicionales”. Un régimen que logra estabilizarse gracias a la “antipolítica”; es decir, socavando cualquier espacio de debate por medio de la monopolización de los medios de comunicación. Este control mediatico se basa en un consenso entre los poderes facticos. Entonces, la política es sustituida por la farandula y el deporte. Se explota el lado negro de la cultura popular: el sensacionalismo y la pornografía. Y, ademas, encima de todo ello, se monta un aparato clientelista que reparte dadivas. La fórmula logra bastante éxito pero, a la larga, sus costos son mucho mayores que sus beneficios.Creo que por encima de las diferencias, y del grado de complejidad de la argumentación, hay ideas con las que todos los autores citados estarían de acuerdo. La raíz de la inestabilidad política estaría en la debilidad de la participación política de las mayorías y en la vocación por concentrar poder por parte de los políticos. La debilidad de la participación popular tendría que ser entendida tanto en un sentido cuantitativo como cualitativo. Por un lado, existe la tendencia a delegar, a esperar al hombre fuerte que resuelva los problemas. La participación ciudadana se agota, pues, en las elecciones. La gente no se involucra en los partidos ni en la fiscalización de los gobiernos. Por otro lado, esta participación es cualitativamente débil en tanto se tiene una ciudadanía ilusa, que carece de una capacidad crítica y que se deja seducir por planteamientos descabellados, que no logra aprender del pasado. En cuanto a la vocación por concentrar el poder o la tendencia dictatorial de la clase política, ello tendría que ver con el machismo y el autoritarismo, con el predominio del verticalismo en el funcionamiento de las organizaciones en la sociedad peruana. Esto significa que hay una influencia del sistema de género, de la manera como se vinculan los sexos, en el modo en que se relacionan los actores políticos. En efecto, el machismo es un discurso que postula la legitimidad del impulso a prevalecer sobre la mujer sobre la base de la fuerza o el engaño. Sobre esta matriz compartida hay, desde luego, importantes diferencias. Tanaka y Degregori subrayan la relevancia de losacontecimientos. Para Degregori, la debilidad de la participación resulta de una política deliberada que se implementa a través del control de los medios de comunicación. En forma similar, considera que hay responsables de la frustración del proceso democratico, de la recurrencia de las crisis. El señalamiento de culpables y la indignación moral son patentes en sus escritos. El analisis de las estructuras no debe resultar en un desvanecimiento de las responsabilidades de los individuos. Tanaka también valora la importancia de los acontecimientos y de las estrategias de los actores en la producción de las crisis políticas. La voluntad política del outsider Fujimori, en especial, le parece un dato irreductible e importantísimo en la coyuntura de principios de los años noventa.
Cotler, Crabtree y Murakami se concentran en lo estructural, en la identificación de dinamicas o círculos viciosos que entrampan el proceso político. Cotler pone el énfasis en la ingobernabilidad. Los regímenes democraticos padecen de una sobrecarga social que ellos mismos promueven. Mientras tanto, los autoritarios degeneran en dictaduras corruptas e ineficientes. Para Crabtree, el caudillismo impide la consolidación de un sistema político, pues inevitablemente tiende al desborde populista, a un voluntarismo que impide la formalización de la política. Para Murakami, el problema esta mas en las bases que en los líderes; es decir, el caudillismo surge no tanto de la voluntad de los actores políticos cuanto de la dificultad de la gente para ponerse de acuerdo y la consiguiente preferencia por delegar. Todos los autorescitados dicen algo importante. Pero lo mas interesante sería inferir las recomendaciones implícitas en sus diagnósticos. Para Cotler, lo prioritario sería lograr acuerdos de gobernabilidad. Los partidos deberían concertar en vez de practicar la usual desestabilización de la posición del otro. Por otro lado, sería necesario controlar la sobrecarga de demandas sociales mediante el logro de un consenso sobre las prioridades nacionales. Estos cambios son arduos porque suponen sofocar el deseo de protagonismo de los políticos y la impaciencia popular. Para Crabtree, lo mas indicado sería auspiciar la formación de partidos que intermedien entre la gente y la política. Se evitarían, así, la acción directa y el consecuente caos social. La discusión ideológica y la organización política deberían involucrar a mucha gente, pues así se crearía un lazo entre representantes y representados, y el campo para el caudillismo quedaría reducido. Para Murakami, el énfasis debería estar puesto en la educación ciudadana. Así, disminuiría la tendencia a delegar, base del caudillismo. Ademas, sería necesario elaborar un proyecto colectivo con el que todos pudieran identificarse, una imagen del colectivo y de sus intereses que animara la participación e hiciera posible la concertación. Finalmente, en el trabajo de Tanaka esta implícita la necesidad de una reforma de la clase política para que sea mas sensible a las cambiantes aspiraciones de la población que dice representar.
Antes de terminar con este punto, quisiera explicitar algunas reflexiones muy incipientes sobre el tema. Para empezar, creo quela metafora del “archipiélago” es sugerente para pensar el Perú de hoy. La realidad peruana puede ser representada como un conjunto de islas que pese a su mutua cercanía, estan escasamente comunicadas. En cada una de estas islas vive gente “como uno” que se reconoce y respeta, pero que no se siente muy solidaria con quienes viven en las otras. Las distintas islas son, cada una por su lado, como un enjambre de redes que agrupan a individuos insertos en vínculos de parentesco, vecindad o paisanaje; afines entre sí por su consumo cultural, sus gustos y tradiciones, finalmente por ser parte del mismo grupo social. Las afinidades fundan el reconocimiento mutuo, la empatía y la buena disposición hacia el otro. En la red, la relación personal con el vecino, el pariente o el amigo es capitalizable. Entonces, hacer un favor o mostrar simpatía es una inversión de la que se puede esperar retorno. No sucede lo mismo con el otro que es diferente, que no es afín. No es reconocido aunque sea un conciudadano, miembro de la misma sociedad política; no despierta un sentimiento de solidaridad.
Con Badiou, puede decirse que la prevalencia de las redes como fundamento de la acción individual y colectiva supone un debilitamiento de la ciudadanía y —paralela y necesariamente— el dominio de la política por la representación de intereses económicos. En efecto, en una situación de este tipo, los partidos compiten por representar redes locales que ellos mismos crean o, en todo caso, refuerzan; tratan de hilvanar las reivindicaciones de distintos sectores en una perspectiva de crítica y oposición algobierno. Apoyan, entonces, los reclamos efectuados desde la diversidad de intereses particulares. Su avidez por el poder los conduce a cortejar a todos los movimientos sociales, presentandose como sus representantes y abogados mas consecuentes. Podran sumar así los votos necesarios para convertirse en gobierno. Pero llegados a ese punto, sólo les queda ser administradores del orden neoliberal o deslizarse en un incierto populismo. Según Badiou, la ciudadanía queda destruida por la política basada en la representación de intereses, pues al perderse la perspectiva del interés generalizable, desaparece también la política basada en convicciones. La gente no vota en función de lo que cree mejor para el futuro del país sino en la perspectiva de su interés económico inmediato, por la posibilidad de salir beneficiado por la participación en una red de intercambio de favores y servicios —es decir, ser parte de la clientela de un partido— o, en todo caso, por la expectativa de que su interés económico sera promovido. Siguiendo la inspiración de Badiou, podría decirse que en el Perú tenemos apenas ciudadanos, en el sentido de personas capaces de valorar la política desde apuestas por el futuro que implican dejar de lado los intereses personales como referentes centrales de sus decisiones. Éste sería el caso, por ejemplo, de la gente que votó por Pérez de Cuéllar en 1995: una pequeña minoría que al votar por este candidato, defendía una convicción, un principio: la importancia de las instituciones y de la desconcentración del poder para el logro de una sociedad decente y democratica. Noestaban en el error. El tiempo les dio la razón. Para Badiou, la esperanza de cambiar la sociedad debe depositarse en las “movidas” políticas, en los movimientos sociales que insurgen en virtud de convicciones fundamentadas en una visión del interés general; movimientos no institucionalizados en partidos, que desaparecen una vez cumplidos sus objetivos, que no generan un liderazgo que pretenda permanecer. Ejemplos de estas “movidas” políticas serían las protestas contra la globalización en Seattle o las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno dictatorial de Fujimori en el Perú. En ambos casos, los protagonistas, lejos de defender intereses personales, pretendían encarnar un sentimiento ciudadano a favor de los pobres del mundo o de la democracia en el país. Por ello, su protesta despertó muchas simpatías.
LECTURAS SOBRE EL ORDEN SOCIAL EN LA VIDA COTIDIANA
Finalmente estan los textos que tratan sobre situaciones microsociales en las cuales, sin embargo, es visible que se esta (re)creando lo macrosocial, las características que definen a la sociedad peruana. Estos textos pueden ser agrupados en dos conjuntos: a) aquellos que analizan lo micro y lo vinculan con lo macro y b) aquellos que se concentran en el examen de un sector social definido.
En el primer conjunto estan los textos de Yanaylle, Mannarelli, De la Cadena y Neira-Ruiz-Bravo. Todos ellos dan cuenta de situaciones en las que es visible la primacía de la fragmentación en el mundo de los subalternos. En este sentido, se sitúan en una relación contraria al sentido común, pues muestran mundos sociales fracturados, enlos que se reproduce la dominación social. Lo tragico del asunto es que pese a que estos mundos estan liderados por sectores emergentes, que han vencido la exclusión, ellos continúan jerarquizando y reproduciendo el autoritarismo con los de mas abajo. Su triunfo no ha sido el de un principio o idea ni el de un grupo social; ha sido mas bien un triunfo personal que supone asimilar mucho del racismo del cual estas personas fueron o siguen siendo víctimas. Los casos mas claros de esta situación los proporcionan Yanaylle y De la Cadena. En su analisis de los comedores populares, Yanaylle reconstruye cómo las personas mas seguras forman una argolla que excluye y explota a las “cholitas”. Éstas trabajan mas, reciben menos y apenas se atreven a protestar. Las criollas o acriolladas que hablan fuerte son incorporadas a la argolla o neutralizadas mediante el aislamiento. De la Cadena reconstruye la resistencia de las mujeres vendedoras de mercado frente al discurso y las practicas racistas en el Cuzco. Gracias a su resolución y a sus posibilidades económicas, logran evitar el sentirse “cholas”, interiorizar la etiqueta que la “gente decente” pretende imponerles. Producen una identidad, la de “mestiza”, progresista y orgullosa. Pero, otra vez, las mestizas reproducen con los indios el trato que la “gente decente” pretendió imponerles.
Mannarelli, mientras tanto, examina cómo la dominación étnica se integra con la de género para conformar esa relación tan sui géneris que es el servicio doméstico. En el mundo popular la mujer es el indio del hombre. Entonces, servir en el mundo de laélite puede ser hasta mas atractivo que hacerlo en el propio. En todo caso, el espacio doméstico escapa a la ley pública y el hogar se transforma en un feudo. Este feudo es el vivero donde las niñas y los niños privilegiados aprenden a mandar y ser obedecidos. Allí se establecen densas relaciones en las que se entretejen la protección con el abuso, la explotación y el desprecio con el amor. Uno de los aportes mas interesantes del trabajo de Neira-Ruiz Bravo es el dar cuenta de la diversidad de los modelos de autoridad en el Perú de hoy. En la costa las cooperativas fracasan porque la gente delega y los dirigentes se posesionan de las empresas. Unos no fiscalizan, otros no rinden cuentas. Todo el mundo muerde lo que puede a la cooperativa. La parte del león va para los gerentes y dirigentes sindicales. No es posible una gestión colectiva eficiente. Los nuevos dirigentes son mucho peores que los antiguos patrones. En la sierra la pequeña propiedad sí florece, pero existe un gran temor a la diferenciación social. El patrón es el símbolo de todo lo que se odia. No obstante, estan surgiendo nuevos patrones, aunque ellos no lo quieran parecer.
El analisis de Rospigliosi muestra la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas. Su captura por Vladimiro Montesinos y la formación consiguiente de una gran “argolla” rompen con el funcionamiento tradicional de las Fuerzas Armadas. Se rompe el equilibrio, la competencia entre grupos. Entonces, el mérito deja de ser el referente para la selección de los oficiales superiores. Lo que se valora es la lealtad. Y el premio es la prebenda. La institución sepatrimonializa; es manejada por su “dueño” como si fuera una “chacra”. Mientras tanto, el analisis de Durand muestra la poca fe de los grandes empresarios en el sistema gremial y político. Ellos prefieren arreglar sus cuentas directamente con el poder, cada uno por separado. Se establece una tendencia a la corrupción y la mafia. Esta situación ha sido mas que confirmada por los hechos recientes, por el comportamiento de grandes empresarios como Schutz, Crousillat y sobre todo Dionisio Romero. Es evidente que ellos no creen en la democracia y la transparencia y que buscan medrar a la sombra del poder. A este panorama hay que añadir, sin embargo, un hecho trascendente. Se trata de que los que estan abajo —las cholitas de Yanaylle, la servidumbre de Mannarelli o los indios de De la Cadena— rechazan el trato que reciben. Su voz de protesta es aún muy débil, pero allí, en los subalternos, esta ya el impulso a la democracia. Como casi no son escuchados, recurren a la acción directa: manifestaciones vandalicas, invasiones, bloqueos de carreteras, desalojos violentos.
Los discursos sobre lo microsocial han cambiado dramaticamente en los últimos años en el Perú. A mediados de los años ochenta se suponía que el mundo popular tenía una gran capacidad de organización y autogobierno. Allí estarían las bases de una democracia mas directa, de un “protagonismo popular”. En las cooperativas, los clubes de madres, los comedores populares, las rondas de autodefensa; en todos estos espacios se estaría forjando una democracia participativa. Diez años mas tarde, es poco lo que queda de esa esperanza.Las cooperativas quebraron, las organizaciones de supervivencia fueron manipuladas por el clientelismo con la ayuda de las mismas dirigentes. Las rondas tuvieron comportamientos autoritarios. Desde luego que se carecería de ponderación si se pasara al otro extremo; es decir, la visión de un mundo popular totalmente fragmentado. Quiza lo mas ecuanime sería citar a los cómicos ambulantes analizados por Víctor Vich. En ellos es visible el desgarramiento entre su conciencia —tomada por las ideas de superación individual a través de la educación y de la lucha agónica por el progreso— y su vida real, donde la solidaridad y la fiesta son tan importantes. Creo que esta tensión es muy expresiva de la subjetividad popular en el Perú de hoy. Esta tensión es la matriz de donde emergen no sólo las ya citadas narrativas tragicas, pues queda también la respuesta del humor y la ironía. La respuesta al desgarramiento no es, entonces, la lucha tragica por la identidad sino el distanciamiento cómico que logra el reírse de la propia limitación.
UN FUTURO INCIERTO
Es claro que la época que vivimos, marcada por la crisis económica y la incertidumbre política, se presta poco para la elaboración de grandes relatos. En este sentido, es significativo que en los comienzos de la presente década, el analisis de la relación Estado-sociedad haya estado dominado por el señalamiento de entrampamientos y círculos viciosos antes que por la identificación de procesos de fondo. Es como si entre los intelectuales peruanos o peruanistas el haberse equivocado demasiado alentara una nota de prudencia, y quiza hastade desaliento. La videncia y la profecía parecen ser oficios sin mucho éxito en el caso peruano. Lo único constante parece ser lo contingente. Lo inesperado surge de allí donde nadie se fijó, arrasando certezas e ilusiones.
TEXTOS COMENTADOS
Lecturas sobre la larga duración
FLORESGALINDO, Alberto. La tradición autoritaria (Violencia y democracia en el Perú). Lima, Sur, 1998.
GOLTE, Jürgen. “Migración andina y cultura peruana”. En Guillermo Lohmann, Richard Burger, Yoshio Onuki y otros. Historia de la cultura peruana II. Lima, Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú, 2001, pp. 511-546.
LÓPEZ JIMÉNEZ, Sinesio. Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú. Lima, Instituto de Dialogo y Propuestas, 1997.
MANRIQUE, Nelson. “Introducción. Algunas reflexiones sobre el colonialismo, el racismo y la cuestión nacional”. En Nelson Manrique. La piel y la pluma. Lima, Sur, 1999, pp. 11-28.
NUGENT, Guillermo. “¿Cómo pensar en público? Un debate pragmatista con el tutelaje castrense y clerical”. En Santiago López Maguiña, Gonzalo Portocarrero, Rocío Silva Santisteban y Víctor Vich (eds.). Estudios culturales. Discursos, poderes, pulsiones. Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2001, pp. 121-143.
PORTOCARRERO, Gonzalo. “La cuestión racial: espejismo y realidad”. En Gonzalo Portocarrero y Elizabeth Acha. Violencia estructural: Sociología. Lima, Asociación de Estudios para la Paz, 1989, pp. 17-61.
Lecturas sobre el sistema político
COTLER, Julio. “La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismoy la democracia”. En Julio Cotler y Romeo Grompone (eds.). El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario. Lima, IEP, 2000, pp. 13-75.
CRABTREE, John. “Neopopulismo y el fenómeno Fujimori”. En John Crabtree y Jim Thomas (eds.). El Perú de Fujimori. Lima, Universidad del Pacífico-IEP, 1999, pp. 45-71.
MURAKAMI, Yusuke. La democracia según C y D: Un estudio de la conciencia y el comportamiento político de los sectores populares de Lima. Lima, IEP-The Japan Center for Area Studies, 2000.
DEGREGORI, Carlos Ivan. La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Lima, IEP, 2000.
TANAKA, Martín. Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada. Lima, IEP, 1998.
Lecturas sobre el orden social en la vida cotidiana
DE LA CADENA, Marisol. La decencia y el respeto. Raza y etnicidad entre los intelectuales y las mestizas cuzqueñas. Documento de trabajo 86, Serie Antropología 12. Lima, IEP, 1997.
DURAND, Francisco. Business and Politics in Peru. The State and the National Bourgeoisie (manuscrito).
MANNARELLI, María Emma. “Sexualidad y cultura pública. Los poderes domésticos y el desarrollo de la ciudadanía”. En Santiago López Maguiña, Gonzalo Portocarrero, Rocío Silva Santisteban y Víctor Vich (eds.). Estudios culturales. Discursos, poderes, pulsiones. Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2001, pp. 189-209.
NEIRA, Eloy y Patricia RUIZ BRAVO. “Enfrentados al patrón: masculinidades en el medio rural peruano”. En Santiago López Maguiña,Gonzalo Portocarrero, Rocío Silva Santisteban y Víctor Vich (eds.). Estudios culturales. Discursos, poderes, pulsiones. Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2001, pp. 211-231.
ROSPIGLIOSI, Fernando. Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante una década las instituciones militares. Lima, IEP, 2000.
YANAYLLE, María Emilia. “‘Señora la admiro’. Autoridad y sobrevivencia en las organizaciones femeninas en un contexto de crisis”. En Gonzalo Portocarrero (ed.). Los nuevos limeños. Sueños, fervores y caminos en el mundo popular. Lima, Sur, 1993, pp. 115-123.
“‘Mejor callarse’ ¡Y todas se callaron!”, Margenes. Encuentro y Debate, año IV, n. º 7, enero de 1991, pp. 221-238.
(1)La relación de los textos abordados en cada una de estas tres secciones aparece al final del documento.
(2) Por lo general, las narrativas sobre el Perú parten de un sentimiento de fracaso que debe ser explicado. El fracaso es atribuido a las relaciones internacionales y a las clases propietarias. El mundo popular suele ser representado como víctima inocente. Este núcleo narrativo recuerda las historias que elaboran quienes no han dejado de ser hijos. Sus mismas protestas de haber sido victimizados, de ser inocentes e incapaces de responsabilidad, suponen una omnipotencia del padre y un deleitarse en la posición de martir. En un libro de Felicity Rosslyn (Tragic Plots: A New Reading from Aeschylus to Lorca. Ashgate, 2000), la autora sostiene que las narrativas tragicas adquieren prominencia en los períodos de transito de la tradición a la modernidad, cuando el pasadoinmemorial cede lugar a un presente incierto. Entonces, en las vidas de las comunidades se experimentan tensiones y sufrimientos que se expresan en estas narrativas, que, por otro lado, ayudan a los individuos a encontrar un sentido a lo confuso e inesperado de su experiencia inmediata. La idea de Rosslyn es ciertamente interesante, pero esta marcada por la noción de que el transito es un momento y no una condición mas permanente. Precisamente el concepto de “sociedad poscolonial” evoca una situación en la que coexisten lo moderno y lo tradicional, y donde, entonces, la matriz de lo tragico esta siempre abierta. El libro de Rosslyn aparece comentado por Robert Grant en The Times Literary Supplement del 5 de octubre del 2001.
(3) Ejemplos de estas narrativas podrían ser películas como Día de la Independencia, El patriota y Pearl Harbor, que algunos llaman “americanadas”.
(4) La argumentación de Cotler hace recordar las ideas de McPherson sobre las tensiones entre el liberalismo y la democracia en la Europa del siglo XIX. Estas tensiones fueron resueltas cuando las clases populares aceptaron la propiedad privada y el liberalismo y cuando, por otro lado, las élites aceptaron la democracia, la ciudadanía universal. Del liberalismo autoritario asediado por las demandas populares surgió el compromiso de la democracia liberal.
REESTRUCTURACIÓN NEOLIBERAL DEL ESTADO PERUANO, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DERECHOS SOBRE EL TERRITORIO
Vladimir Pinto
REFORMA NEOLIBERAL Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MINERO
Desde su fundación como república, nuestro país ha privilegiado su articulación al mercadomundial como proveedor de materias primas; esto ha determinado un patrón de desarrollo primario-exportador que se ha reforzado a lo largo del tiempo con elementos simbólicos y retóricos (1) y por supuesto, con un correlato institucional y jurídico que es plenamente funcional a los intereses de estos sectores económicos.
La minería en particular es la actividad mas favorecida entre las prioridades del Estado peruano durante gran parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI; con mayor empeño desde los años 90, debido al contexto mundial del incremento del precio de los metales. En el caso peruano, este «boom» minero se potencia dentro del paquete de reformas estructurales (2) implementadas durante el primer Gobierno de Alberto Fujimori, las que respondieron a una receta neoliberal de lo mas ortodoxa, articulada a diversos intereses corporativos y criminales, como es hoy de público conocimiento.
El nuevo régimen político instaurado a partir del 05 de abril de 1992 fue sostenible, a pesar de su precariedad jurídica, porque el Gobierno le brindó amplias garantías a los grupos de poder. Parte sustancial de las reformas se relaciona con las condiciones requeridas por las agencias multilaterales para promover y garantizar las inversiones extractivas; a esto responden los convenios de estabilidad jurídica, los mecanismos tributarios especiales (depreciación acelerada, reinversión exonerada del impuesto a la renta, entre otros), la libre disponibilidad de divisas para las empresas y el arbitraje internacional como el medio para la solución de controversias entre Estado ycorporaciones trasnacionales. El modelo fue exitoso en cuanto a sus objetivos. A fines de la década pasada se multiplicaron casi por ocho los derechos mineros (de 2 millones de hectareas en 1991 a 15 millones en 1999). La gran minería se extendió a zonas nuevas como Ancash, Cajamarca, La Libertad, Cusco, Apurímac y los índices de producción se han multiplicado exponencialmente. Solo entre 2002 y 2006, se multiplicó en mas de 11 veces el monto que abona como impuesto a la renta (3); hasta antes de la crisis financiera mundial, la minería representaba alrededor del 60% de las exportaciones nacionales;
De igual manera se han ampliado las exploraciones hidrocarburíferas, principalmente en la Amazonía, pasando de un 13% de area ocupada por concesiones el año 2004 a mas del 70% a fines del 2008. Según Humberto Campodónico, el Perú es el país que ha concesionado mayor extensión de la Amazonía para exploración de hidrocarburos; tanto en términos porcentuales como absolutos. En nombre de esta apuesta promotora de las inversiones extractivas se han subordinado reformas basicas para cualquier proceso de modernización y democratización del Estado peruano.
La reforma pro inversión conllevó una drastica regresión del marco constitucional de protección de derechos; confrontando con los derechos humanos y medioambientales reconocidos por el sistema internacional. En particular se afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No es casual que el foco de los conflictos mineros vire hacia lo social y ambiental desde los años noventa en adelante y tampoco es casualidad que las comunidades seanuno de los principales focos de rechazo al modelo. Esto responde a un diseño que ha obviado —o vulnerado expresamente— derechos e intereses de gran parte de la población. En lo relativo a la política territorial, podemos identificar tres grandes líneas que han tenido coherencia y continuidad a lo largo de los sucesivos Gobiernos en el Perú desde el fujimorato:
– Flexibilizar las protecciones jurídicas de la propiedad comunal y fomentar la desintegración de las comunidades para promover la reconcentración de tierras en actores plenamente insertados en el mercado.
– Disminuir las condicionantes de la inversión extractiva; en particular la normatividad e institucionalidad ambiental
– Reconcentración constante de las decisiones en torno a la participación ciudadana y ordenamiento territorial descentralizado; en desmedro de los gobiernos sub-nacionales.
Sobre estos objetivos se evidencia un renacido entusiasmo de parte del actual Gobierno, que aparentemente ha decidido «pisar a fondo» el acelerador de las reformas neoliberales no completadas por sus antecesores.
LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS COMUNALES: ¿LEY DE TIERRAS O TIERRAS SIN LEY?
Un primer dato que debemos considerar es que no estamos ante un tema menor o subsidiario para los grupos de poder económico. De acuerdo con datos del desaparecido PETT (4), los territorios de las comunidades nativas titulados suman 13´316.574 ha (5) -incluyendo bosques en «cesión de uso» (6)-. Sobre las comunidades campesinas, los datos no son exactos. Se sigue apelando al Censo Nacional Agropecuario de 1994, que informa que alrededordel 40% de las tierras con aptitud agropecuaria estan en manos de las Comunidades Campesinas, lo que equivale a 14´171.968 ha (7). El debate sobre el modelo productivo en el campo no puede obviar el tema de las comunidades; no solo por razones jurídicas, sino porque estamos frente a un sector que —aun con limitaciones— maneja gran parte del territorio nacional.
Un segundo elemento a comentar es el concepto de las tierras o territorios indígenas, que no se enmarca en el ambito de la propiedad en un sentido clasico. Como bien señala García Hierro (Chirif y García Hierro, 2007), este derecho -la propiedad- ha sido la única alternativa que han encontrado los pueblos indígenas dentro de los ordenamientos jurídicos occidentales para defender sus espacios vitales. No obstante, esta figura jurídica ha tenido que transformarse significativamente para que se adecue a sus necesidades, convirtiéndose en una «propiedad colectiva, no enajenable», completamente diferente a la propiedad concebida en el derecho civil occidental, garantía de los derechos individuales y mecanismo de seguridad para el funcionamiento del mercado.
Esta perspectiva de los territorios indígenas se ha afirmado paulatinamente en el derecho internacional. El Convenio 169-OIT comprende en el concepto de «territorio» a la totalidad del habitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de forma permanente o esporadica (8). La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto (9) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas alude al derecho «intrínseco» de lospueblos indígenas al territorio y reconoce el «despojo histórico» que sufrieron los pueblos por efecto de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos; lo que justifica su reapropiación y especial protección.
Así también, las Constituciones de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia han avanzado en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho (incluso en Ecuador se reconocen como un Estado plurinacional) y garantizan de manera clara la protección de sus territorios como espacios autónomos no enajenables.
En el Perú, se habían afirmado durante décadas las características particulares de la propiedad colectiva indígena. Sin embargo, empezamos a marchar a contracorriente de esta tendencia normativa mundial con la Constitución de 1993, que eliminó las garantías de inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios comunales, poniéndolos a disposición del mercado. Se revirtió así un desarrollo normativo que data de 1920 (10), sin mayor justificación doctrinaria.
El proceso de mercantilización se complementa en 1995, mediante la «Ley de Tierras» (11), que formaliza la subordinación de la propiedad comunal a los proyectos mineros o energéticos que el Estado decida desarrollar en dichas tierras. En el Reglamento de esta norma, Decreto Supremo 017-96-AG, se perfecciona el procedimiento para el otorgamiento de servidumbres en propiedades particulares o comunales, aunque ya estaba establecido en los reglamentos del subsector Minería e Hidrocarburos desde 1992 y 1993, respectivamente (12) En esa misma ley se redujo el porcentaje mediante elcual se permite a las comunidades campesinas de la costa disponer de sus territorios. Anteriormente, se requería de los dos tercios del total de comuneros registrados para realizar cualquier acto de disposición del territorio comunal, y con la Ley 26505 se estableció que el 50% de los asistentes a una asamblea podrían decidir sobre la parcelación, venta, servidumbre o cualquier otro acto de disposición del territorio comunal.
Durante el período de Alejandro Toledo se promocionaron discursos y medidas simbólicas en torno a los pueblos indígenas; sin embargo, no se adoptaron reales políticas interculturales en ningún ambito gubernamental (salud, educación, administración de justicia); por el contrario, se mantuvo el modelo extractivo en perjuicio de los derechos territoriales indígenas. Es así que durante el Gobierno de Perú Posible se aprueba la Ley 28259, destinada a la privatización de las tierras eriazas (no productivas) del ambito rural andino y amazónico, incluidas aquellas que han sido abandonadas por sus propietarios o «que no han cumplido con los fines productivos para los cuales se adjudicó». Originalmente se decidió dejar fuera de los alcances de esta norma a los territorios indígenas, pero su reglamento (13) incluyó expresamente a las propiedades comunales como parte de las que podían revertir al Estado por falta de uso, imponiendo el criterio de la agricultura extensiva para determinar dicho uso. Cabe mencionar que esta reversión de tierras hacía parte de una política general, pues se extendió a los asentamientos poblacionales en areas adjudicadas con fines agrarios(Ley 28667) y a los asentamientos humanos en areas de comunidades campesinas de la costa (Ley 28685). El espíritu de todas estas normas del Gobierno toledista es que el Estado «recupere» areas destinadas supuestamente al agro y las haga producir. El discurso del primer ministro Carlos Ferrero Costa resulta emblematico para entender su política sobre tierras. Al asumir el cargo (2003), expuso ante el Congreso de la República la necesidad de recuperar «para todos los peruanos» las tierras que estan en manos de las comunidades, aludiendo a que –por su poca densidad poblacional– no las necesitan ni las hacen producir. Incluso alegó que dichas propiedades existen en virtud de un «error histórico» producido durante el Gobierno de Velasco Alvarado.
Ya con Alan García, encontramos las tesis de «El síndrome del perro del hortelano» que promueven mas decididamente la parcelación de las tierras comunales y su «puesta en valor» por grandes capitales que capten la mano de obra de los campesinos que hoy son pobres, pese a que gozan de la propiedad «aparente» de sus tierras. Estas propuestas se materializaron jurídicamente en un conjunto de normas destinadas a la implementación del TLC. El Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria, el Decreto Legislativo 1073, ambos derogados por la protesta de los pueblos indígenas amazónicos, evidenciaron la intención de facilitar la disolución de las comunidades al eliminar la eliminar la valla de los dos tercios requerida para disponer del territorio de las comunidades de sierra y selva (parcelarlo, alquilarlo, conceder una servidumbre, etc.).
Masagresivo aún es el Decreto Legislativo 1064; en esta norma se establecen derechos a terceros (14) (asentamientos humanos, centros poblados menores e incluso particulares), que por el hecho de la previa formalización, podrían imponer su propiedad frente a las comunidades, en caso de superponerse con las mismas. Esto implica en los hechos un rango de prevalencia jurídica donde las comunidades pasan a ocupar el último escalón. En el mismo Decreto 1064 se elimina la posibilidad de negociar las servidumbres sobre aquellos proyectos (mineros, hidroenergéticos, de hidrocarburos, entre otros) que se superpongan con territorios comunales. Esta reforma y la fracasada Ley 1015 significan la eliminación de los dos únicos límites que se lograron imponer a la ley de tierras del fujimorismo.
Asimismo, bajo la noble intención de «formalizar la propiedad rural» se aprobó el Decreto Legislativo 1089; el mismo que establece un plazo extraordinario para que COFOPRI, de acuerdo con sus propias prioridades y criterios, revise los títulos rurales y decida sobre su legalidad o no. Para esto se le faculta a imponer sus decisiones sobre cualquier otra inscripción administrativa previa. Según denuncian diversas comunidades campesinas y nativas, COFOPRI visita a las comunidades no solo para efectuar labores catastrales o informativas, sino también para promover la titulación individual, lo que les permitiría acceder a los créditos de fomento agrario establecidos por el Decreto Legislativo 1020.
¿A que apunta la reversión de la propiedad comunal?
Las constantes explicaciones presidenciales no dejan mayormargen a la interpretación. El motor del desarrollo en el campo son los grandes inversionistas, ampliación de concesiones sobre recursos y reconcentración de la propiedad. La Ley 28054 de agosto de 2007 ya establece como prioridad del Estado la promoción de los biocombustibles en la selva, y casi desde sus inicios el Gobierno aprista ha apostado por la reversión de los bosques (recurso natural, no transferible) a la condición de «tierras eriazas» o «propiedad» que pueda ser transferida a manos privadas.
Aparentemente, la reconcentración de tierras también se orienta a la ampliación de la frontera agro-exportadora; no es casual la transformación de las cooperativas agrarias en empresas y la transferencia de sus miles de hectareas a empresas mas grandes. En la misma dirección apunta el Decreto Legislativo 994, que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para ampliar la frontera agrícola. Entonces, es claro que el modelo neoliberal no incluye a las comunidades y las percibe mas bien como un obstaculo factico e ideológico, ya no solo porque limitan o condicionan el desarrollo de los proyectos mineros o de hidrocarburos, sino también porque son percibidas como una rémora incluso para el proceso de modernización del agro (15).
El discurso de Alan García sobre las «tierras ociosas» en manos de comunidades y pequeños campesinos responde entonces a una visión de desarrollo que es plenamente coherente con las reformas subsidiarias a la Constitución de 1993. La gran diferencia con el Gobierno anterior es la abierta y descarnada defensa de esta política y la decisión deimplementarla a cualquier costo social.
LA FÓRMULA PARA ATRAER INVERSIONES EXTRACTIVAS: FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONANTES AMBIENTALES
Uno de los elementos determinantes de la conflictividad social alrededor de las industrias extractivas en nuestro país, es que las instituciones encargadas del diseño e implementación de las políticas sectoriales extractivas, son -al mismo tiempo- las que tienen el encargo de garantizar los derechos de la población y de cautelar los posibles impactos ambientales de las inversiones que promueven. Este modelo ha sido criticado por diversos actores sociales, académicos e incluso estatales (Defensoría del Pueblo, en particular). Y es que el modelo primario-exportador peruano ha generado una paulatina subordinación de la institucionalidad estatal a los objetivos de la política económica. La hegemonía del neoliberalismo ha hecho que el criterio de promoción de inversiones se imponga como condicionante o limitante de todos los procesos de reforma estatal, afectando primordialmente a la institucionalidad ambiental.
En efecto, el régimen minero creado en virtud del Decreto Legislativo 708 (Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, 1991), mantuvo varias de las características de la Ley General de Minería anterior, el Decreto Legislativo 109. Las principales modificaciones se relacionan con la estabilidad jurídica de las concesiones, la simplificación de las mismas a solo dos grandes etapas (exploración y explotación); mayores derechos de los concesionarios y la eliminación del rol empresarial del Estado en la industria minera.
La gran reformaen cuanto al diseño institucional no se relaciona con la propia normatividad sectorial de minería, sino con la injerencia de esta normatividad promotora en la naciente legislación ambiental. En efecto, luego de instalado el nuevo régimen autoritario post 05 de abril de 1991, se prioriza la modificación del Decreto Legislativo 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, promulgado apenas un año antes, recortandolo y desnaturalizandolo hasta hacerlo inaplicable, debido a una avalancha de normas que se aprobaron a lo largo de ese mismo año:
– El Decreto Legislativo 653 (01/08/91), que —pese a ser una norma destinada la promoción de inversiones en el agro— derogó la prohibición de realizar aprovechamiento energético en las areas naturales protegidas.
– El Decreto Legislativo 655, mediante el cual se derogó el artículo 72 que establecía obligaciones especiales en caso que dichos proyectos afecten a areas protegidas o tierras comunales en la Amazonía. También se establece el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como mecanismo para determinar el impacto de las actividades energéticas en las areas protegidas.
– El Decreto Legislativo Nº. 757 (13/11/91). Entre otras cosas derogó la obligación de elaborar EIA para todo tipo de actividad (Art. 8) y modificó las normas relativas a las areas naturales protegidas (Arts. 56 y 57), estableciendo que solo podían crearse con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, cuando antes bastaba con la decisión de Agricultura. Asimismo, se derogó el Art. 107 que señalaba al Ministerio de Salud como la única autoridad competente paragarantizar la calidad del agua. Dando cuenta de una evidente voluntad desreguladora, eliminó los capítulos XXI sobre Delitos y Penas y XXII del Sistema Nacional del Ambiente.
– El Decreto Legislativo 708 (14/11/91) elimina la obligación de ejercer la propiedad privada en concordancia con los objetivos de las areas naturales protegidas (Art. 53); y deroga la causal de expropiación y reversión de las concesiones mineras por faltas ambientales (Art. 70), entre otras normas que flexibilizan el control de las actividades riesgosas de la minería.
En el caso de los hidrocarburos se aprecia una lógica concurrente:
– En 1993 se aprueban la Ley Organica de Hidrocarburos, Ley 26221. En su reglamento, Decreto Supremo 046-93-EM, se exige por primera vez la presentación del Estudio de Impacto Ambiental para este tipo de actividades. Sin embargo, a aquellas empresas que estaban operando con anterioridad a dicho sistema, se les estableció un mecanismo de protección ambiental menos rígido, el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), que les establecía un plazo de siete años, contados desde 1995 (16) para que modifiquen sus sistemas, reduzcan sus niveles de contaminación y atiendan los pasivos ambientales.
– Llegado el momento de exigir estos nuevos estandares como criterio general, se aprobó otra norma destinada a postergar la reparación de los pasivos ambientales y las condiciones de explotación petrolera de las empresas que no cumplieron con los PAMA. Mediante el Decreto Supremo 028-2003-EM se permite la realización de Planes Ambientales Complementarios (PAC), que otorgan unaprórroga excepcional de 4 años adicionales para continuar operando en condiciones que son inaceptables en cualquier sociedad que respete los derechos humanos.
– Debido a estas figuras extraordinarias (primero los PAMA y actualmente los PAC) se ha permitió que en la actualidad se desarrollen operaciones de hidrocarburos donde las aguas contaminantes producidas por la extracción del crudo se viertan directamente a las fuentes de agua (17), pese a que desde el 2006 existe la obligación general de re-inyectarlas al subsuelo.
Como resultado de esta vergonzosa sujeción a las exigencias de las industrias extractivas, se frustra la instalación de un nuevo esquema institucional acorde a la defensa del medio ambiente; en lugar de articular un sistema nacional del ambiente, se mantuvo e incluso se profundizó la sectorialización. Lejos de apuntalar la defensa de los derechos ambientales como criterio ordenador del conjunto de las políticas públicas, se convirtió este tema en un mero discurso al servicio de la política económica; implementado por oficinas de tercera categoría dentro del Ministerio de Energía y Minas y sin ninguna voluntad o capacidad efectiva.
Pasaron quince años para que se apruebe una nueva Ley General del Ambiente (Ley 28611); pero el interesante texto aprobado originalmente por el pleno del Congreso, fue observado de inmediato por el presidente Toledo, quien atendió a los reclamos empresariales que exigían su modificación por considerar que «ponía en riesgo» la seguridad de sus inversiones; pese a que era un texto mucho mas laxo que su antecesora inaplicada de 1990.Finalmente la norma fue rectificada por el Congreso; con las siguientes limitantes:
– Se relativizó el principio precautorio; se recoge solo declarativamente.
– Se mantiene la carga de la prueba por daño ambiental en quien efectúa la denuncia. Aquel que pretende defender el medio ambiente por la vía judicial o administrativa, debera probar científicamente su alegato; librando al demandado de demostrar si su actividad cumple con los estandares adecuados.
– Los delitos ambientales aún son determinados sobre la base de sanciones previas de las autoridades administrativas de cada sector. Esto limita las potestades de la Fiscalía y dificulta que una autoridad judicial se pronuncie sobre este tipo de delitos.
– La ley original establecía que, mientras el país no apruebe las normas técnicas relativas a los Estandares de Calidad Ambiental y Límites Maximos Permisibles, debían utilizarse obligatoriamente los estandares establecidos por instituciones internacionales regidas por el derecho público (OMS, por ejemplo). La norma observada por Toledo estableció que estos criterios pueden usarse solo como referencia.
Ahora que existe el Ministerio del Medio Ambiente – MINAM (Decreto Legislativo 1013), se ha dado un paso importante a efectos de incorporar transversalmente la cuestión ambiental en las políticas públicas. Sin embargo, lo que tenemos resulta una versión recortada de la propuesta original de la Defensoría del Pueblo en torno a una autoridad ambiental independiente. En lo referido a actividades extractivas, sus competencias apenas permiten una acción subsidiaria o accesoria. Lostemas críticos como la aprobación de los EIA, la fiscalización de los compromisos ambientales,el diseño de instrumentos de gestión, la participación de la población, las consultas a los pueblos indígenas, siguen en poder de los sectores específicos.
En resumen, el sistema ambiental que tenemos ha nacido de un período no democratico y estableció parametros inequitativos a favor de las industrias extractivas. Hemos trascendido hace casi 10 años el período fujimorista, pero este diseño supervive en lo basico. Hasta el momento hemos pasado por diversas oportunidades para redefinir el debate nacional sobre estos temas, pero aún se mantiene el esquema centralista y parcializado, sobre todo en lo referido al diseño e implementación de las políticas y proyectos de las industrias minero-energéticas.
¿DESCENTRALIZACIÓN? ¿ORDENAMIENTO TERRITORIAL?
Son harto conocidas las experiencias de resistencia de comunidades que han contado con el respaldo de sus autoridades locales para hacer frente a los proyectos mineros o energéticos. Algunos de los mas conocidos son: Tambogrande, Cerro Quillish, y mas recientemente, el caso de la cordillera del Cerro Escalera, que involucra al Gobierno Regional de San Martín. Estos tres conflictos, junto a otros varios, dan cuenta de un problema estructural en cuanto al diseño y prioridades estatales y ponen en evidencia el conflicto capital-democracia que parece consustancial al neoliberalismo. Pero lo que nos interesa resaltar aquí es que todos estos conflictos (en los que lograron éxitos las poblaciones locales y sus autoridades), han generado el mismopatrón de comportamiento desde el Gobierno Central: recortar los poderes de la institucionalidad sub-nacional en cuanto al ordenamiento territorial en sus ambitos de gobierno y limitar la participación ciudadana de modo que no afecte los intereses del capital.
Tambogrande: se saca del juego a los gobiernos distritales
En el caso de la consulta vecinal de Tambogrande, esta constituía una forma de participación ciudadana previamente creada por Ordenanza Municipal (18); en perfecta aplicación de la competencia genérica reconocida a la autoridad municipal para promover y definir los mecanismos de participación de la población en el desarrollo de la comunidad, conforme a los artículos 10 y 79 (19) de la vigente Ley 23853 (Ley Organica de Municipalidades – LOM) y atendiendo a la fórmula abierta que señalaba la Ley 26330, sobre los derechos de participación y control ciudadanos.
La LOM de entonces, establecía también la potestad municipal en cuanto a planificar, ejecutar e impulsar las acciones necesarias para proporcionar al ciudadano un ambiente adecuado (Art. 62°). Así también les brindaba la competencia de planificar el desarrollo local, incluyendo la definición de las areas urbanas, agrarias, de expansión urbana y expansión agraria (Art. 64°) (20). Cabe mencionar que de acuerdo a la ley 27015, las municipalidades en general (provinciales y distritales) tenían poder para decidir sobre la realización de actividades mineras en areas de expansión urbana (21)
La consulta de Tambogrande establecía una pregunta a efectos de recoger la opinión ciudadana sobre la incorporación de laactividad minera en las areas urbanas y agrícolas del distrito, así como en las destinadas a su expansión. Siempre estuvo claro para todos los actores del conflicto que la Municipalidad de Tambogrande no tenía competencia específica sobre la aprobación de los proyectos mineros; pero si existían estos resquicios legales que le permitieron una correcta argumentación sobre la validez jurídica del proceso de consulta como ejercicio de la participación ciudadana y como herramienta de planificación urbana, cuyo contenido sí era decisivo sobre el proyecto minero mientras estuviera vigente la ley 27015.
A raíz de este caso, el poder central reacciona rapidamente. Mediante la Ley Nº 27560, publicada el 24/11/2001, se modifica la Ley 27015 a fin de retirarle cualquier atribución sobre la planificación del desarrollo urbano y las actividades mineras a los gobiernos distritales, de modo que solo los municipios provinciales mantuvieran la potestad de intervenir en las decisiones sobre el desarrollo de proyectos mineros, pero obligados a respetar los derechos previamente inscritos en los registros del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero.
Posteriormente, al aprobarse la nueva Ley Organica de Municipalidades, Ley 27972, se recortaron las facultades genéricas de las municipalidades en torno a los mecanismos de participación ciudadana y se limitaron sus potestades para garantizar la protección del medio ambiente y para planificar el desarrollo de sus circunscripciones.
Cerro Quillish: mas reglamentos, menos gobierno local
En el caso del Cerro Quilish, el conflicto se materializópor la decisión del Concejo Provincial de Cajamarca a fin de crear un area de conservación municipal en el Cerro Quilish y las microcuencas de Quillish, Porcón y Grande, mediante la Ordenanza Municipal 012-2000-CMPC (octubre 2000).
Esta ordenanza fue impugnada por la Minera Yanacocha, al considerar que vulneraba sus derechos constitucionales a la propiedad y al trabajo. La acción de amparo fue conocida en tres instancias, perdiendo en todas ellas la empresa minera. (22) Si bien no gozaba de la competencia específica de crear areas de conservación, la Municipalidad Provincial de Cajamarca actuó de conformidad con el artículo 65° de la Ley 23853, que contemplaba como una de sus funciones «la conservación de la flora y fauna 1ocales y promover las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en sus circunscripciones territoriales»; todo esto interpretado en el marco del artículo 191° de la Constitución peruana, en el cual se consagra el caracter de gobierno local de las municipalidades, con autonomía política económica y administrativa.
Esto se ratificó en el artículo 78° del Decreto Supremo NC 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, que establece la potestad de los gobiernos locales para determinar, respetando sus planes de ordenamiento territorial, las areas destinadas a complementar las acciones de conservación de la diversidad biológica, de recreación y educación a la población de su jurisdicción; siempre que no estén ya comprendidas en los ambitos de las Areas NaturalesProtegidas. Esta nueva norma, aparecida durante el proceso judicial, fue tomada en cuenta por el Tribunal Constitucional para dictar su fallo.
En este caso, el Estado no opta por recortar expresamente la facultad de los gobiernos municipales; sino por parametrarla, en ese mismo Reglamento citado se establece que: «En todos los casos la inscripción de un Area de Conservación Municipal debe respetar los derechos adquiridos previos a su establecimiento». Con esta «aclaración» se recorta la posibilidad real de los gobiernos locales de incidir en los proyectos extractivos, maxime cuando el mismo Decreto 038-2001-AG y la propia Ley de Areas Naturales Protegidas establecieron que las únicas areas de protección estricta, donde no pueden desarrollarse actividades extractivas, son los parques y santuarios nacionales.
Coincidente con estas normas específicas, la nueva Ley de Municipalidades solo le reconoce la facultad genérica a las municipalidades de emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente y «proponer la creación de areas de conservación». Como facultad específica y exclusiva de las municipalidades provinciales se señala la de incluir las areas de conservación ambiental en el Plan de Acondicionamiento Ambiental (Art. 79°).
Cordillera Escalera: ni los gobiernos regionales se salvan
El Tribunal Constitucional ha desarrollado otro interesante fallo de corte ambiental al resolver el Conflicto suscitado por la concesión de lotes petroleros dentro del Area de Conservación Regional«Cordillera Escalera», creada por D.S 045-2005-AG a solicitud del Gobierno Regional de San Martín. En resumidas cuentas, el Tribunal ha establecido la suspensión de las actividades de hidrocarburos en el area, hasta que no se cuente con el Plan Maestro que permita apreciar la compatibilidad de las actividades de exploración y explotación con los objetivos de conservación ambiental que sustentan la existencia del area.
De acuerdo con la ley, estas areas deben ser administradas por los gobiernos regionales y a estos corresponde también la aprobación de su Plan Maestro. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente ya tiene pre-publicado (23) un proyecto de Decreto Supremo en el cual se establece que el SERNANP (24) tendría facultades para diseñar las normas y criterios técnicos que regulan la elaboración de los Planes Maestros de todas las Àreas Naturales Protegidas. Asimismo se establece en este proyecto que: «La aprobación de los Planes Maestros de las Areas de Conservación Regional requieren la opinión previa vinculante del SERNANP». Esta claro que la norma tiene nombre propio y se orienta a limitar el poder regulador de los gobiernos regionales sobre las areas de conservación.
Este ejercicio de comparación de los tres casos permite apreciar la lógica de reconcentración del poder a fin de eliminar cualquier obstaculo para las actividades extractivas. Ademas da cuenta de un conflicto institucional y democratico ascendente:
– primero se limitaron facultades de los espacios mas basicos de la institucionalidad estatal, los gobiernos distritales;
– al ampliarse los conflictos al ambitoprovincial, se le restringen a estas municipalidades capacidades de índole política y ambiental;
– ahora, pretenden —avalados por el propio MINAM— que también los gobiernos regionales se sometan a esta dictadura de las inversiones extractivas.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Hemos tratado de revisar con cierto detalle algunos pormenores legislativos que dan cuenta de una política muy clara y consistente en torno a las actividades extractivas: se apuesta por su continuidad a costa de cualquier otra cosa y eso es verificable en todos los Gobiernos desde 1990. Sea que sacrifiquemos los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, el establecimiento de un auténtico sistema de gestión ambiental integrado, o incluso la tan promovida descentralización, todo vale en aras de la seguridad jurídica que demandan las inversiones presentes y futuras.
Existen entonces amplios escenarios para la articulación de sectores ciudadanos que estén dispuestos a reformar el Estado desde una perspectiva de derechos y con criterios de equidad e incluso de mero sentido común. El sistema actual no solo es anti-democratico, sino absolutamente parcializado y riesgoso en términos socioambientales; conforme se mantiene en el tiempo encuentra mas resistencias que empiezan a desbordarse.
El modelo neoliberal atraviesa por una crisis muy profunda en lo económico y también en lo ideológico. La desesperación por acelerar las reformas pendientes no es casual y en este contexto cobran vital importancia amplios espacios del territorio sobre los cuales las transnacionales aún no tienen control. En nuestros países andinoslos actores indígenas (andinos y amazónicos) son —aunque no los únicos— los mas visibles y consistentes críticos de este modelo; dado que amenaza directamente sus espacios vitales.
Es por eso que un segundo nivel de debate obliga a repensar el modelo de desarrollo: ¿Qué modelo alternativo y qué valores darían sustento a una articulación de todos los actores en conflicto con las industrias extractivas? ¿Podemos reconocer en la cosmovisión y derechos de los pueblos originarios una plataforma que enriquezca y brinde nuevas dimensiones a las demandas ciudadanas y descentralistas? ¿Podran las organizaciones indígenas incluirse en una plataforma mas amplia de transformaciones estructurales?
Sin duda un componente central de este debate se relaciona con la democracia participativa y el diseño del estado ¿Quién decide sobre el uso que le damos al territorio en que vivimos? ¿El poder central (político o económico)? ¿O las poblaciones locales?
(1) «Perú, País Minero», un claro ejemplo.
(2) Las cuales incluyeron las privatizaciones, flexibilización laboral, reducción de derechos económicos y sociales, disminución del aparato estatal en sectores «proteccionistas» (trabajo, educación, salud, vivienda, entre otros).
(3) Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (www.snmpe.org.pe)
(4) Programa Especial de Titulación de Tierras.
(5) Incluye comunidades tituladas y reservas territoriales creadas para cautelar la propiedad de los pueblos en aislamiento voluntario. Si a esta propiedad indígena le sumamos las «Reservas Comunales» (areas de conservación cogestionadas por lospueblos indígenas), constatamos que hay 15´297.975 ha que podrían considerarse territorios indígenas amazónicos.
(6) Figura creada en la Ley de Comunidades Nativas (DL 22175) para permitir que las comunidades dispongan del bosque con exclusividad, pero sin asumir la propiedad del mismo.
(7) Según Guillermo Valera (1997), unas 4 millones de hectareas estan en manos de los autodenominados «parceleros», pero la titularidad de dichas tierras es de las comunidades campesinas.
(8) Convenio 169-OIT, artículo 13°
(9) Caso Awas Tigni vs Nicaragua: :«Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.»
(10) En la Constitución de 1920 se reconoce la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y el caracter imprescriptible de sus tierras. En la Carta de 1933 se complementan las protecciones de inalienabilidad e imprescriptibilidad de estas tierras indígenas, las cuales se reafirman en la Constitución de 1979.
(11) Ley 26505, «Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas».
(12) En lo referido a la minería, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, D.S. 014-92 y el Reglamento de Procedimientos Mineros, D.S. 018-92-EM. Similares criterios se dieron en el subsector Hidrocarburos, mediante la Ley Organica de Hidrocarburos, 26221, y suReglamento, D.S. 055-93-EM
(13) D.S. 035-2004-AG
(14) Artículo 7°
(15) Un claro ejemplo es el Decreto Legislativo 1020, que establece un régimen crediticio para el agro, requiriendo que los campesinos con títulos individuales se asocien en «unidades productivas sostenibles». Las comunidades no son siquiera mencionadas en esta norma.
(16) Plazo modificado por el D.S. 05-95-EM (artículo4°)
(17) En el Lote 1-AB, la empresa PlusPetrol continúa vertiendo aguas de producción altamente contaminantes a los ríos Pastaza y Tigre; el PAC autorizado y ampliado por el MINEM les permite hacerlo hasta el 2010.
(18) Ordenanza N° 012-2001-MDT-C
(19) Ley 23853, Art. 10°: Las Municipalidades son competentes para: (..) 11.- Promover y organizar, conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo comunal. Artículo 79°: Los vecinos participan en el gobierno local mediante (…) 4.- las consultas que se les formulen.
(20) Ley 23853, Art. 64°: Los documentos normativos de las acciones de acondicionamiento territorial en cada municipio son los planos urbanos respectivos que, en lo correspondiente al uso de tierras y a la regulación de las areas urbanas, deben delimitar: 1) las areas agrícolas, 2) las areas de expansión agrícola (…)
(21) Ley 27015, Artículo 1° A partir de la vigencia de la presente Ley, no se otorgaran títulos de concesión minera metalica y no metalica, ni se admitiran solicitudes de petitorios mineros en areas urbanas calificadas por Ordenanza Municipal. Excepcionalmente, mediante ley expresa se autorizara la admisión de petitorios y el otorgamiento de concesionesmineras en areas urbanas. Artículo 2° El otorgamiento de título de concesiones mineras metalicas y no metalicas en areas de expansión urbana, calificadas por Ordenanza Municipal vigente en la fecha de formulación del petitorio, debera ser autorizado mediante Resolución Suprema, previa opinión técnica favorable de la Municipalidad Provincial y de la Distrital.
(22) Finalmente, Yanacocha encontró una salida para operar, toda vez que –aunque reconoció la validez del area de conservación municipal- el Tribunal Constitucional estableció la posibilidad de que realicen sus operaciones dentro del area, cumpliendo una serie de requisitos y estudios previos.
(23) www.minam.gob.pe
(24) Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado.
Referencias bibliograficas
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